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jueves | 25 abril | 2024
El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, lamentó ayer que los sindicatos no realicen propuestas para mejorar el anteproyecto de ley de medidas en el empleo público con las que poder llegar a un consenso y se limiten a pedir su retirada.
Barreiro recordó, a través de un comunicado de prensa en la que responde a las críticas de los sindicatos, que la Consellería de Facenda accedió a su petición de ampliar el período de alegaciones a esta normativa, que supondrá recortes en las condiciones laborales de los empleados públicos.
Además, mostró su disposición a consensuar las medidas con las centrales sindicales, a no ser que ellas renuncien a hacerlo, indicó. Así, destacó que la Administración gallega, al contrario que otras comunidades, garantiza el salario de los empleados públicos.
El responsable de Función Pública, perteneciente a la consellería que dirige Elena Muñoz, insistió en que la reducción de la jornada de los funcionarios que propone la Xunta, como máximo de un tercio, será siempre con carácter voluntario y que, en el caso de los interinos, la regla general será mantenerla.
Los sindicatos anuncian movilizaciones contra la ley de medidas de empleo público de la Xunta
Salario durante la baja > Otro de los argumentos que utilizó Barreiro es que muchas de estas medidas ya están implantadas en otras comunidades, como la eliminación del cobro del cien por cien del salario durante la baja temporal desde el primer día, una cuestión sobre la que ya se reguló en Madrid, Canarias, País Vasco, La Rioja y Valencia.
En este sentido, destacó que no se toca el complemento por incapacidad temporal, que supone cobrar el salario íntegro, en el caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional o maternidad.
Protestas > Por su parte, los sindicatos CCOO, CIG, UGT y CSIF anunciaron ayer la convocatoria de movilizaciones los diferentes jueves de este mes de febrero, en contra del anteproyecto de ley de medidas de empleo público que presentó la Xunta el viernes.
Carmen López, de la CIG; Ramiro Otero, de CCOO, Juan Carlos Fernández, de UGT y, Carlos Rivas del CSIF, advirtieron en rueda de prensa de la posibilidad de convocar en el futuro una huelga general en la función pública y confirmaron movilizaciones en las siete principales ciudades de Galicia el día 23 a las 19.00 horas.
En la concentración prevista para el próximo jueves, día 9, en Santiago, los sindicatos convocantes harán llegar al Gobierno una petición de “reflexión” y de retirada de ese decreto.
Las cuatro centrales sindicales denunciaron los “continuos ataques” que sufren los empleados públicos, que, según Ramiro Otero, son constantemente el “centro de una diana”, “culpables de una crisis que no provocaron, pero que, por contra, pagan en primera persona”.
Carmen López consideró el decreto un ataque a los servicios públicos y en general a toda la ciudadanía, porque “va a profundizar en la desaparición y en la precarización de estos, con lo que quedarán en suspenso, se privatizarán o se externalizarán”.
Juan Carlos Fernández, de UGT, dijo que el decreto tiene errores de contenido en la forma y en el fondo y aseguró que es más injusto con aquellos funcionarios público con menor salario. También aclaró que los trabajadores públicos tienen en estos momentos unos niveles de ingresos que corresponden con los que tenían en el 2007.
Juan Carlos Rivas, del CSIF, hizo un llamamiento a la ciudadanía porque cree que los Gobiernos gallego y central están “laminando” el estado del bienestar en el que los servicios públicos son “un pilar básico”.
Todas las organizaciones destacaron la campaña de desprestigio y de recortes de derechos laborales contra los funcionarios y la ocultación de la intención de justificar un recorte drástico en los servicios que tiene que prestar la Administración.
