Los exdirectivos de NCG en prisión podrán cumplir con trabajo social

La Audiencia Nacional confirmó el régimen de prisión atenuada con salidas diarias a varios exdirectivos de Novacaixagalicia Banco (NCG), condenados a dos años de cárcel por las prejubilaciones millonarias, al considerar que su voluntariado contribuye a “resarcir la desconfianza causada”.
En el auto, la sección primera de la sala de lo Penal, desestima el recurso de la Fiscalía y avala que el exdirector de la entidad José Luis Pego pueda abandonar diariamente la cárcel de A Lama para cumplir con su trabajo social tanto por su “buena conducta” como por haber satisfecho la responsabilidad civil fijada en sentencia.
El tribunal, que también valora positivamente la integración de Pego, su “vinculación familiar y social (...) y que ha disfrutado de permisos sin incidencias”, desestima el recurso interpuesto por Fiscalía, partidaria de mantener unas medidas de control y seguridad más estrictas para él.
Al respecto insiste en que ya ha transcurrido la mitad de la pena de dos años de prisión por apropiación indebida –a través de las prejubilaciones por valor de 14 millones de euros que se autoadjudicaron antes de abandonar la entidad–, delito por el que fueron condenados el expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada y el asesor jurídico, Ricardo Pradas.
La sala también confirmó recientemente dicho régimen flexible a Pradas y Rodríguez Estrada tras rechazar las pretensiones de un Ministerio Público que, sin embargo, no recurrió la libertad de Fernández Gayoso, quien colabora de forma altruista con una fundación de ayuda a personas en situación de exclusión social.
Una medida acordada dada su avanzada edad, 85 años, y su “delicado estado de salud”, según el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que en su auto de julio consideró que esta decisión ayudaba a “devolver a la sociedad la confianza rota por el daño causado”.
Apenas un año antes, el Tribunal Supremo había confirmado las penas de prisión impuestas a los cinco por ocasionar un perjuicio millonario a la entidad que no fue fruto de “decisiones equivocadas el ámbito de la administración”, sino que se produjo por poner en marcha un mecanismo expropiatorio “que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos”. Todo con “fines de lucro personal y no meros excesos o abusos en el marco de sus competencias”. l