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jueves | 25 abril | 2024
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo ha rechazado la petición efectuada por la Fiscalía para imputar al expresidente de la Diputación de Lugo y exsenador del PPdeG, Francisco Cacharro Pardo, en la causa de la denominada operación “Muralla”, abierta para investigar una supuesta trama de corrupción en la institución provincial.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe informaron de que, siete años después de que trascendiese a la opinión pública esta investigación judicial, las “diligencias se encuentran muy avanzadas”, lo que podría llevar al cierre de la fase de instrucción de este caso cuando el juzgado que se hizo cargo de la causa reciba los últimos informes policiales.
Informes
De acuerdo con esos informes y con las diligencias practicadas hasta este momento, la Fiscalía habría solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo la imputación de Cacharro Pardo en la causa, pero según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a través de un comunicado, esa petición fue finalmente “rechazada”.
La operación “Muralla” supuso en su momento la detención de nueve personas, entre ellas varios funcionarios de la institución provincial, que lograron evitar su ingreso en prisión mediante el pago de diversas finanzas, y supuso todo un terremoto mediático alrededor de la Diputación de Lugo, entonces gobernada por Cacharro Pardo.
La investigación judicial, coordinada por el entonces fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, siguió los indicios de la existencia de una supuesta trama de corrupción en la Diputación de Lugo para favorecer de forma sistemática con contratos públicos a una determinada empresa de ingeniería, presuntamente integrada por funcionarios del Servicio de Vías y Obras de la institución.
Los cambios en la Fiscalía de Lugo y la marcha de Jesús Izaguirre hicieron que la operación quedase durante un tiempo paralizada, pero fue reactivada con la llegada del actual fiscal jefe, Javier Rey.
adjudicaciones
La operación “Muralla” se puso en marcha en mayo de 2006 por Izaguirre para tratar de esclarecer si existieron irregularidades en algunos expedientes de adjudicación de direcciones de obra de la Diputación.
El operativo concluyó con la detención de diez personas, que quedaron en libertad con cargos, cinco de ellas tras depositar una fianza de 18.000 euros.
A los dos funcionarios de la diputación y un exfuncionario vinculados con la empresa de ingeniería Senén Prieto y otra de señalización y mobiliario urbano, Setramur, se les imputa los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, por su supuesta implicación en un fraude de expedientes de obras llevado a cabo por el organismo provincial, cuando era presidente el popular Francisco Cacharro.
