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viernes | 19 abril | 2024
El alcalde de Muxía, Félix Porto, compareció ayer ante el juez que instruye el caso “Orquesta” –de corrupción en A Costa da Morte– y alegó a la salida del juzgado que “entré como testigo y he salido como testigo”. “No hay más que decir”, manifestó.
Además de Porto, el juez también llamó a declarar ayer a la secretaria del ayuntamiento.
“Todo está bajo secreto de sumario y, por ello, no puedo decir nada más”, aseveró Porto, quien declaró que “hay que colaborar con la justicia”.
El alcalde muxiano aseguró que no se sentía “ni satisfecho ni disgustado”, al ser preguntado acerca de si sus sensaciones eran positivas tras su declaración ante el juez número 2 de Corcubión, Andrés Lago Louro, responsable de la instrucción del caso “Orquesta”.
“El juez llama y hay que colaborar con la justicia. Se hace y no hay nada más que añadir”, enfatizó el regidor.
“El juez llama y hay que colaborar con la justicia. Se hace y no hay nada más que añadir”, enfatiza
Acusaciones > Porto y la secretaria del ayuntamiento declararon ante el juez tras haber sido desestimadas por la Fiscalía las alegaciones de otro de los imputados: Carlos Rey Paz, quien ejerció en su momento labores de funcionario en el Juzgado de Paz muxiano y al que la Fiscalía acusa de haber intentado obtener subvenciones de manera fraudulenta para favorecer al PP en las elecciones municipales.
En el extenso sumario, se señala que Rey Paz se habría hecho pasar por un concejal de este municipio para conseguir un trato de favor en una contratación que le gestionaría Jorge Luis López Lago, el representante de orquestas arrestado en 2003 en el marco de la operación antidroga que provocó la apertura del caso “Orquesta”.
Del análisis de las llamadas controladas por la Policía, se deducía, según el sumario, que Rey Paz realizaba gestiones para los ayuntamientos de la zona, “cobrando ciertas cantidades de dinero” desvinculadas de su puesto de trabajo en un Juzgado de Paz.
Una de las llamadas incluidas en ese sumario, fechada el 22 de diciembre de 2009, López Lago hablaba con una tercera persona sobre Porto y su supuesta implicación en el cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, entonces el juez eludió intervenir el teléfono de Porto o extender la investigación a Muxía.
El motivo de la declaración de ambos se debe a que, según un informe de abril de 2011, la Policía proponía al juez que se le hiciese entrega de la documentación relativa a una obra del acondicionamiento de caminos en Castelos, Santirso y Senande, por la que Muxía habría pagado 168.395,07 euros a la constructora Ogando, empresa sobre la que gira la presunta red de compra de favores a políticos para la adjudicación de obras.
La sospecha de los investigadores se basa en el volcado informático que hicieron a comienzos de año del ordenador de la oficina de Ogando, en el que encontraron evidencias sobre incumplimientos de la Ley de Contratos “en ayuntamientos como el de Muxía y Corcubión”.
En el caso del primero, “se observó un fax dirigido a la alcaldía en el que Ogando aporta los datos de tres empresas” para obras enviados veinte días antes de su adjudicación. La teoría policial es que, en los procedimientos sin publicidad, Ogando amañaba dichas adjudicaciones.
