La defensa de Patterson cuestiona las órdenes de extradición y menta su color

Ramón Sabín, el abogado que se encarga de la defensa de Leonard Patterson, ha celebrado la absolución de su cliente, acusado de la exportación ilegal de cerca de 1.400 piezas de arte precolombino, y ha cuestionado las órdenes de extradición que pesan sobre él tanto de Guatemala como de Perú.

"Entendemos que sin fundamento", ha dicho este letrado en una conferencia de prensa celebrada hoy en su despacho, y ha añadido que "se habla muy en abstracto de que pudo haber exportado ilegalmente piezas de esos países", pero "nos da la impresión de que es una cuestión contra una persona de un determinado color de piel (negro) y de una determinada región del mundo", en alusión a Costa Rica.

Sabín ha apuntado que el fallo del juzgado de lo penal número dos de Santiago es susceptible de recurso de apelación y ha avanzado que, si esto ocurre, lo que hará será impugnarlo. A continuación ha mostrado su "absoluta conformidad" con la sentencia emitida, aunque en ella no se haya "entrado a valorar la total y absoluta falta de dolo".

Ha pedido el abogado que, igual que su cliente ocupó "infinidad de portadas" siendo acusado, ahora se le haga "justicia" haciendo constar este resultado, y ha desvelado que, si ha celebrado este acto informativo, es por "expresa indicación" del septuagenario Leonardo Patterson.

En los fundamentos jurídicos, la sentencia basa la absolución de Patterson del delito de contrabando al entender la jueza que no hay pruebas para demostrar que las piezas pertenezcan "al patrimonio histórico español".

En este tema centró sus argumentos la defensa de Patterson durante la vista oral celebrada en Compostela, y en ella había pedido la absolución de su patrocinado al entender además que no existía ni una sola prueba que demostrase que su cliente había tenido una actitud dolosa y tampoco que cometiese un delito de contrabando.

Los hechos que se han declarado probados no se consideran constitutivos de un delito de contrabando, indica la sentencia, al matizar que la Ley de Represión del Contrabando castiga a quienes "saquen del territorio español bienes que integren el patrimonio histórico sin la autorización de la Administración del Estado, cuando esta sea necesaria", siempre y cuando el valor de los bienes exceda los 18.000 euros (24.600 dólares).

Durante el proceso, tanto el acusado como su abogado trataron de demostrar que la Xunta de Galicia se encargó de la llegada de la colección a España y que nadie advirtió a Patterson de la necesidad de solicitar un permiso al Ministerio de Cultura para el retorno de las piezas a Alemania, país de residencia del acusado.

En la sentencia se indica, además, que, "si bien podría haber existido una ocultación de la mercancía a la acción de la Administración aduanera, difícilmente puede hablarse de una importación legal a España de bienes muebles que posean los valores" de la Ley del Patrimonio Histórico español.

Se refiere el juez, no obstante, a la existencia de indicios "de un tráfico ilícito de bienes culturales de procedencia hispanoamericana que obliga a la restitución de los bienes a sus respectivos países de origen de los que hubieran salido ilegalmente, sin perjuicio de la prueba sobre la propiedad que pueda corresponder a particulares o instituciones distintas de los Estados".

Las piezas de arte precolombino a las que se alude en la sentencia recalaron en un primer momento en una exposición en el Auditorio de Galicia en Santiago y, posteriormente, se organizó una nueva muestra en la iglesia de San Domingos de Bonaval y en el Palacio de Fonseca de la Universidad compostelana.

A su conclusión, la colección se depositó en los almacenes de la empresa de mudanzas Boquete de Santiago, donde permanecieron en una cámara de seguridad durante una década, hasta marzo de 2008.

Fue en esa fecha cuando Patterson, según el fiscal, cometió un presunto delito de contrabando de arte al ordenar que la colección se trasladase a Munich, su ciudad de residencia, pero las autoridades alemanas la intervinieron e inmovilizaron a petición de España y de varios países latinoamericanos que reclamaron la propiedad de algunas piezas. EFE

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