9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
El juez de Instrucción número 2 de Cambados ha resuelto continuar con el procedimiento abierto contra el presidente de la Diputación y el PP de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa y el diputado provincial Severino Reguera, quienes se acogieron ayer temporalmente a su derecho a no declarar.
El fiscal trasladó a estos su imputación por la presunta comisión de un delito de cohecho y las defensas hicieron sus alegaciones, tras lo cual el magistrado dictó un auto en el que acuerda la continuación del procedimiento por la ley del jurado y practicado diversos medios de prueba, entre ellos tomarles declaración.
El caso se remonta a una denuncia anónima de 2013 que llevó al ministerio público a comprobar el precio por encima del mercado que Louzán y su esposa cobraban a Reguera por el alquiler de unos locales en el barrio vigués de Navia, desfase que según la investigación podría esconder un soborno.
El fiscal Augusto Santaló confirmó que los tres imputados se negaron ea declarar y por tanto no pudo preguntarles por varias cuestiones, como por qué compraron unos locales para una empresa de panadería propiedad de Reguera, que pagó por su alquiler lo mismo o más que por un crédito hipotecario.
También quería interrogarlos sobre si los precios son superiores o inferiores a los de otros locales de la zona; por la atribución de comisiones informativas al diputado Reguera, y por la forma de pago, las fianzas y los términos del contrato de arrendamiento.
Algo más
Santaló recalcó que ésta “no es solo una cuestión de alquileres” ni se ciñe al “estricto ámbito personal”, como alegó Louzán, ya que se investiga un contrato privado pero entre dos personas con responsabilidades públicas: uno preside la corporación provincial y el otro es diputado y, como tal, cobra de la misma.
Respecto a los plazos para la práctica de las diligencias, el representante del ministerio público dijo que “no son muy complejas” y calculó que en un mes podría estar todo resuelto.
El fiscal pidió documentación sobre las retribuciones de Reguera en la Diputación y otras cuestiones relacionadas con los contratos, mientras que la defensa de Louzán solicitó que declaren profesionales de inmobiliarias como peritos sobre los precios de alquileres en el barrio de Navia.
Louzán alegó a la salida de los juzgados de Cambados que no ha dado ningún tipo de “dádiva” a Reguera a pesar de que tiene la potestad de nombrarlo diputado con dedicación exclusiva, miembro de la junta de gobierno o vicepresidente con dedicación exclusiva, en cuyo caso su retribución sería muy superior.
Asimismo, reseñó que en la misma calle de Navia hay precios de alquiler “más altos y más bajos” y que hace ocho años la coyuntura era diferente a la actual.
El presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra mantiene la esperanza de que “se pueda archivar” la causa.
