La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 33 años de prisión –doce por cada delito de abuso y otros nueve por distribución de pornografía infantil– a un hombre que abusó sexualmente de sus hijas y que las fotografió y distribuyó las imágenes.
La sentencia considera probado que el hombre abusó sexualmente de sus hijas de cuatro años a las que, además, realizó fotografías de alto contenido sexual que distribuía a través de una intranet para pedófilos. Al mismo tiempo, recuerda la sentencia, el hombre conocía estas redes de distribución, ya que había escrito un libro sobre estas. Además, ya había sido condenado con anterioridad por delitos de este tipo.
La Sala considera probados los hechos y concede total credibilidad al testimonio de las niñas, al tiempo que destaca algunas de sus secuelas como consecuencia de los abusos, como la “hipersexualización” de sus conductas a pesar de su corta edad.
Por los dos delitos continuados de abusos sexuales y agresiones a sus hijas pequeñas, el Tribunal condena al acusado a 24 años de prisión, así como a no acercarse a sus hijos ni a la madre de estos durante quince años. A mayores, deberá cumplir nueve años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil e indemnizar a sus hijas con 15.000 euros a cada una por daño moral.
Pena de ocho años
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a una pena de ocho años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a un joven de 16 años con el que había mantenido una relación. Según recoge la sentencia, los hechos se remontan a 2010, cuando el acusado y la víctima comenzaron a tener contacto y mantuvieron algunos encuentros consentidos de carácter sexual. No obstante, la insistencia del condenado por mantener también una relación afectiva llevó a menor a cortar el contacto.
Pasado un tiempo, el hombre le convenció para que acudiese a su domicilio, donde le agredió sexualmente y posteriormente le quitó fotos desnudo para usarlas para chantajearle y exigirle que volviese con él. El tribunal considera que la prueba practicada en el acto de juicio oral, complementada con las diligencias previas, “acredita los hechos declarados como probados”. En concreto, cree que el testimonio del denunciante “reúne los requisitos para dotar a la declaración de valor”.