11º-16º
miércoles | 17 abril | 2024
La acusada ha reconocido que no informó de la muerte de su abuelo, fallecido en enero de 1996, por lo que siguió cobrando su pensión mensual hasta octubre de 2016 -cuando el hombre tendría 105 años- hasta quedarse con unos 132.000 euros.
Las cantidades mensuales cobradas por la acusada oscilan entre los 329,50 euros que tenía su abuelo como pensión en 1997 y los 603,50 euros que alcanzó al final de este periodo por la revalorización de las pensiones públicas
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha explicado que la acusada es "insolvente" por lo que el problema surge entre el Banco de Santander, en donde el anciano tenía domiciliada su pensión y, por lo tanto funcionaba como pagador, y la entidad que enviaba el dinero mensualmente, que es la Seguridad Social.
La Fiscalía sostiene que "evidentemente" ha existido una "negligencia" al no haber comprobado nadie que el anciano había fallecido, algo que ha reconocido que no era algo "imperativo" para la entidad bancaria.
La responsabilidad inicialmente es de la acusada, pero "debió haberse comprobado por ambos", entiende el fiscal, ya que ni la Seguridad Social ni el Banco Santander exigieron a la acusada una fe de vida o un certificado de que su abuelo estuviese vivo.
Aladro explicó que, ante la insolvencia de la mujer, es el banco el que debe reingresar el dinero a las arcas de la Seguridad Social -solo ha devuelto los 33.010 euros correspondientes a los últimos cuatro años, ya que alega que el resto de cantidades han prescrito-, algo en lo que difiere la Fiscalía al tratarse de un delito continuado.
