La asesoría jurídica decidirá si la Xunta paga la defensa de los cargos imputados

El Gobierno gallego aprobó ayer el proyecto de ley de ordenamiento de asistencia jurídica en la administración y el sector público autonómico que establece, entre otras cuestiones, que será la asesoría jurídica, un organismo “técnico”, el que decida qué empleados públicos o cargos en el ejercicio de sus funciones pueden recibir sus servicios.
De este modo, según avanzó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en conferencia de prensa tras el Consello, esta cuestión “dejará de ser una competencia política, entre comillas”.
Esta ley, que será remitida ahora al Parlamento, forma parte del paquete legislativo comprometido por el titular de la Xunta en su comparecencia en la Cámara autonómica a finales del pasado mes de enero para exponer las medidas de transparencia y lucha contra la corrupción.
De este paquete forman parte también la ley de financiación de partidos políticos, en tramitación, y la de transparencia, que será aprobada en el Consello este mismo mes.
Además, el grupo parlamentario del PP, que sostiene el Gobierno, presentará otras dos iniciativas legislativas: una de participación ciudadana, en trámite, y otra sobre la reforma del Consello de Contas para dotarlo de medios contra la corrupción.
La normativa aprobada ayer amplía el control de legalidad a todo el sector público autonómico, y no solo a la administración central y establece el principio de autoaprovisionamiento, es decir, que todos los asuntos que se puedan hacer con medios propios se harán, lo que determinará un informe de la asesoría jurídica.
En caso de que fuera preciso contratar un despacho externo la asesoría jurídica “tutelará” y “supervisará” a los abogados contratados de modo que se sometan a la coordinación con el máximo órgano de defensa legal autonómico.
En caso de prestar atención a un empleado público que sea condenado, esta persona deberá reponer a la Administración el importe de su defensa.
Y, por otra parte, en caso de que a una persona se le deniegue la asistencia de la Xunta y luego sea declarada inocente, será la administración la que reponga el coste, en función de los baremos de los colegios de abogados.
No se podrá prestar asistencia a una persona con “indicios claros” de haber actuado contra la Administración.
En caso de que en un principio se le haya concedido la asistencia si durante el proceso se aprecian nuevos datos que apunten lo anterior, la asistencia será revocada de inmediato, sin necesidad de que haya sentencia condenatoria.
La nueva normativa regula un área que hasta ahora estaba regida por una ley de 1984 y que en su título incluye la palabra “provisional”.
En cualquier caso, se trata de poner por ley las prácticas que hasta ahora se estaban desarrollando y que ya incluían un amplio número de funciones por parte de la asesoría jurídica.
La ley establece la coordinación de la plantilla de letrados autonómicos, lo que permitirá planificar esfuerzos y, además, incluye la posibilidad de habilitar a funcionarios de los cuerpos superiores para que realicen determinadas funciones de “complejidad jurídica limitada” para liberar a los letrados.
Éstos se dedicarán a controlar la legalidad de las normas, contratos, convenios y expedientes, a la representación de los intereses de Galicia ante el Tribunal Constitucional o cualquier otro organismo o instancia y a ejercer la acción popular en casos de delitos forestales o de violencia machista.
Además, según Núñez Feijóo, la ley hace “hincapié en el uso del gallego y de los medios electrónicos”.