Archivado el caso “Patos” contra todos los políticos excepto Louzán

La titular del juzgado de instrucción número 7 de Vigo ha accedido a las pretensiones del Ministerio Fiscal y ha dictado auto acordando el sobreseimiento de la llamada operación “Patos” con respecto a todos los políticos que estaban siendo investigados, con excepción del expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, así como de varios empresarios y técnicos, para quienes ha ordenado continuar el procedimiento de instrucción y abrir piezas separadas.
Según se recoge en el auto, la jueza decreta sobreseimiento parcial y provisional de la causa con respecto a 23 de los investigados, entre ellos el alcalde de Vigo, Abel Caballero; los concejales Isaura Abelairas, David Regades, Ángel Rivas y José Manuel Figueroa; varios funcionarios municipales de Vigo; la exdelegada de la Xunta, María José Bravo Bosch, y diversos empresarios, entre otros.
No obstante, ordena la apertura de piezas separadas con respecto al resto de investigados. Son trece personas, entre las que está el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; y el empresario Enrique Alonso Pais, al que se considera como el conseguidor de una trama para amañar concursos públicos.

Razones
En su resolución, la juez comparte los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y constata que, tras una “instrucción amplia”, ha habido “numerosos casos” investigados de los que no se han podido corroborar los indicios de delito “por razones diversas”: o bien porque los testigos dijeron no tener “constancia/memoria, real o fingida”, por declaraciones “convincentes” de otros testigos, porque los documentos públicos desvirtuaron las sospechas, o por la falta de otros documentos.
El Ministerio Público ya expuso en su día que en la mayoría de los casos no hay pruebas que corroboren que las adjudicaciones de obras o cursos, o incluso un supuesto ascenso laboral de un funcionario, estén vinculados a la capacidad de influencia de la que presumía el gerente de Eiriña, Enrique Alonso Pais.
Con respecto a las obras del Ayuntamiento de Vigo investigadas en esta causa, el Fiscal admite que, al margen de posibles irregularidades administrativas que se pudieron cometer o bien de comportamientos que puedan generar cierto reproche ético, no hay indicios suficientes de criminalidad para mantener la causa.l