9º-16º
martes | 23 abril | 2024
El presidente de la RAG, Xesús Alonso Montero, dijo ayer que no le gusta la llamada ley Wert y que le parece bien que Cataluña y el País Vasco recurran la reforma educativa, mientras apuntó la conveniencia de que también lo hagan colectivos en defensa del gallego si esta norma mermase los derechos del idioma.
Alonso Montero mantuvo ayer una reunión con la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, para perfilar una muestra sobre la historia del día das Letras Galegas, un acto tras el que en principio se mostró reticente a opinar sobre la reforma educativa, al ser una recepción institucional.
Pero, ante la insistencia de los periodistas, dijo que la reforma, “en conjunto, no me gusta nada”, señaló a título personal, e ironizó al señalar que “nací crítico y voy a morir crítico”.
Explicó que no le gusta la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía ni que la religión puntúe pero, agregó, “habría mucho que hablar” y acudió al Parlamento “a lo que vine” por lo que “si tengo que convertirme en detractor de la ley Wert estoy casi hablando en contra del PP en el Parlamento”, bromeó.
Preguntada su opinión por la intención de que los gobiernos vasco y catalán puedan recurrir la reforma educativa, Alonso Montero respondió: “Opino bien, soy partidario”.
Subrayó a este respecto que si las “instancias políticas, que son las primeras que tienen que posicionarse”, como en Cataluña y País Vasco, “no se posicionan como algunos colectivos piensan” asociaciones como A Mesa pola Normalización Lingüística, u otros grupos defensores del gallego, incluida la RAG, “hay que posicionarse ante cualquier disposición, venga de donde venga, que nosotros entendamos que merma los derechos” del idioma.
Apostó por encontrar una política lingüística, se apruebe o no la reforma educativa, en la que todos los ciudadanos tengan el gallego “como lengua de instalación”, ya que hay alumnos muy brillantes, apuntó, que llevan buenas notas en literatura o lengua gallega pero “en el instituto juegan al baloncesto o ligan” en otro idioma.
Por ello, insistió en buscar una política para que quienes saben bien el gallego lo empleen. Pero, dijo, esto no quiere decir que haya que hacer una política en la que se suprima o mermen los derechos que quieran hablar en castellano porque, a su juicio, sería “suicida para la causa de la lengua gallega”.
Por tanto, dijo, cualquier Gobierno, el bipartito de antes, el actual o incluso que se diese el caso de un presidente de la Xunta “heredero de Lenin, me entendería muy bien con él” como con cualquier otro, deberían apostar por una política que “cuanto antes convierta el idioma gallego en el de todos los ciudadanos”.
“Estoy aquí, primero como ciudadano gallego; como filólogo; como presidente de la Academia, para defender los derechos legítimos del gallego”.
