El alcalde de Ourense afirma que las asistencias técnicas fueron “justificadas y legales”

El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, defendió ayer en sede judicial las asistencias técnicas realizadas en el ayuntamiento, en su mayoría relacionadas con el área de Urbanismo, y refrendó su legalidad al asegurar que todas ellas estaban “justificadas”.
El regidor hizo tales manifestaciones antes de acudir a declarar al juzgado de Ourense por las supuestas irregularidades en contrataciones realizadas a partir de personal inicialmente contratado por asistencias técnicas.
Tanto el primer edil, como el exalcalde Francisco Rodríguez y la titular de Urbanismo, Áurea Soto, están imputados por varias contrataciones. Todos ellos acudieron ayer a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1, donde defendieron las asistencias técnicas, para lo cual se remitieron a la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

tres testimonios
Los tres, en primer lugar Áurea Soto, después el exregidor y, por último, Agustín Fernández, respondieron a las preguntas planteadas por la Fiscalía y el juez.
A la salida, Fernández manifestó que “quedó meridianamente clara” la actuación relativa a las contrataciones con asistencias técnicas y proclamó que se llevaron a cabo atendiendo “necesidades estructurales” de personal tras la caída del PXOM.
El regidor ourensano, quien negó “alguna razón política” a la hora de emprender dichas contrataciones, manifestó que las asistencias técnicas son un contrato previsto por la ley, “habitual en todas y cada una de las administraciones”.
Por ello manifestó entender que son “contratos normales”. “Todo está perfectamente claro y justificado, y así se lo vamos a trasladar al juez y a la Fiscalía”, proclamó, e hizo extensible este procedimiento al resto de administraciones públicas.

Denuncias
Las centrales sindicales CIG y USO fueron las que interpusieron la denuncia, que posteriormente sería ampliada por el PP, y en un caso y otro están a la espera de si pueden personarse en la causa, después de que esto fuese rechazado por el Juzgado de Instrucción número 1 y recurrido ante la Audiencia Provincial.
Remitiéndose al informe del Consello de Contas de 2010, Fernández resaltó la asiduidad a la hora de llevar a cabo “asistencias técnicas” y resaltó que la Xunta contrató a cerca de “500 personas” con este mismo método, los cuales, “se convirtieron en laborales indefinidos en virtud de sentencia judicial”.
Además, achacó este proceso al “tipo de oposición”, a quien acusó de “instrumentalizar la justicia únicamente para desgastar a un gobierno. n