Aduanas entra en el ayuntamiento de O Carballiño en busca de documentación

Aduanas entra en el ayuntamiento de O Carballiño en busca de documentación
un agente de vigilancia aduanera sale del ayuntamiento de o carballiño efe/brais lorenzo

Vigilancia Aduanera requisó ayer una serie de documentación “actual e histórica” en el Ayuntamiento orensano de O Carballiño relativo a “seis empresas” en la investigación de la denominada operación “Pokémon”, dijo el alcalde, Argimiro Marnotes, imputado en este asuntos en febrero pasado.

“Me veo en la obligación de no decir que empresas son”, comentó el alcalde en alusión al secreto sumarial que rodea la investigación judicial.

La documentación requerida por la juez instructora, Pilar de Lara, está relacionadas con “información que estaba en el ayuntamiento sobre el momento actual”, dijo.

También facilitó expedientes guardados “en el archivo histórico”, que se encuentra en una nave del polígono municipal, para estudiar las relaciones de esas empresas y el ayuntamiento, comentó.

Fue solo un agente de la Vigilancia de Aduanas quien se personó. “Fui a saludarlo y preguntarle si necesitaba algo; me dijo que no, que ya le estaban facilitando todo”, dijo Marnotes.

Después de que Marnotes declarase como imputado en Lugo el 8 de marzo “esta es la siguiente comunicación que tengo de este asunto”, dijo. Para concluir, expresó su deseo de que las conclusiones de la investigación se produzcan “cuanto antes mejor, que se levante el secreto de sumario y que esto todo acabe en lo que va a ser, que va a ser nada”.

Cuando a principios del pasado mes de febrero fue imputado, Marnotes, alcalde de O Carballiño desde las elecciones del año 2011, había expuesto públicamente sus relaciones profesionales con el grupo Vendex, entramado empresarial que se sitúa en el epicentro de la supuesta trama de corrupción que investiga la operación “Pokémon”. Así, había desvelado que como arquitecto técnico –profesión que ejercía antes de ser alcalde–, trabajó para Vendex al firmar la dirección de obra y el proyecto técnico de una nave y del local donde tienen las oficinas.

Además, había reconocido que Doal, una empresa del grupo investigado, colocó el césped en una vivienda suya en la parroquia de Arcos y había justificado que no abonó los “500 o 600 euros” que costarían estos trabajos porque la empresa aún no le había presentado la correspondiente factura

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