Aduanas descarta que Orozco se enriqueciese de forma ilícita

Un informe del servicio de Vigilancia Aduanera sobre la situación económico-patrimonial del alcalde de Lugo, José López Orozco, y de su esposa, realizado en el marco de las diligencias de la operación “Pokémon”, concluye que no se aprecian “incrementos de patrimonio injustificados que pudieran derivar del cobro de comisiones”.
El citado informe tiene fecha del pasado 19 de enero, e incluye una exhaustiva investigación sobre el patrimonio del alcalde y de su mujer, un trabajo que, según informaron fuentes jurídicas, se prolongó durante más de un año.
“Después de un estudio pormenorizado de las cuentas bancarias en las que figuran como titulares o autorizados José Clemente López Orozco y su cónyuge” –además de su hija–, sostiene el citado informe de Aduanas, “no se observan incrementos de patrimonio injustificados que pudieran derivar del cobro de comisiones u otros fondos de origen desconocido”.
Sin embargo, un párrafo de ese informe ha provocado un profundo malestar en la defensa del regidor local, porque los mismos funcionarios que firman el documento en el que no se aprecia un incremento patrimonial injustificado, ven “indicios racionales más que suficientes para considerar que el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco”, habría colaborado con Vendex para la obtención del contrato de la ORA y su ampliación.
El informe considera en su informe que el grupo empresarial liderado por Gervasio Rolando Rodríguez, “además de contratar a personas recomendadas por las distintas autoridades, políticos y funcionarios intervinientes en los procesos de contratación, ha estado realizando presuntamente pagos periódicos de dinero a alguna de tales personas”.
Así, indica Vigilancia Aduanera  que Gervasio Rodríguez “ha urdido un plan organizado y ya preconcebido destinado a realizar envíos de dinero para presuntos sobornos con la mayor seguridad”.  Añade que “en algunos casos realiza el pago en metálico a los propios delegados provinciales de Vendex que, a su vez, son los encargados de entregar el dinero a los funcionarios y políticos sobornados”.
“En el caso que nos ocupa existen indicios racionales más que suficientes para considerar que el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, que habría colaborado de forma activa con el citado grupo empresarial en la obtención por parte de estos del contrato de la ORA y en la futura ampliación del mismo en el Ayuntamiento de Lugo, pudiera ser el destinatario de parte de estos fondos”, esgrime Aduanas.
Además, alude a que consta en la causa la “posible adjudicación irregular a la empresa Cechalva”, del servicio de retirada de vehículos ofertado por el Ayuntamiento en 2005 “que conllevarían como contraprestación el pago periódico de cantidades de dinero y posible entrega de regalos a funcionarios o altos cargos”, según se recoge en el informe, “entre los cuales pudiera estar el concejal Francisco Fernández Liñares y el alcalde”.