Los acusados del caso de las multas niegan su implicación y se muestran tranquilos

Negar la mayor. Esa parece haber sido la táctica de varias defensas de los implicados en el caso de las multas. La declaración de los 23 imputados en el juicio por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo terminó ayer, en torno a las once y media de la mañana, antes de lo previsto inicialmente por la sala, dado que se había reservado fecha hasta hoy en la Audiencia Provincial para interrogar a los procesados. Durante su declaración
El juicio se retomará el lunes  a partir de las once y media de la mañana, y están reservadas otras dos jornadas para concluir la vista oral, el martes y el viernes -días 27 y 29 de mayo-.
Ayer declararon, entre otros, el que fuera vicario general y deán de la catedral de Lugo, Luciano Armas; el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo Magdalena; el exdelegado provincial de la Consellería de Cultura, Juan José Molina; y el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana en la capital lucense, José Rábade.
En el transcurso de su declaración, el alcalde de Pedrafita do Cebreiro aseguró que “nunca” habló con el exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, para que le quitase ninguna sanción.
En el caso de Raposo, la multa que lo sentó en el banquillo de los acusados no le fue impuesta a él, sino que se trata de una sanción tramitada por una infracción cometida por el conductor de un camión del Ayuntamiento de Pedrafita, el día 24 de septiembre de 2007 en la A-6.
A preguntas del fiscal, afirmó que tuvo conocimiento de esa multa dos años después cuando el juzgado le envió un requerimiento para que identificase a la persona que conducía ese camión el día de la denuncia.

“a nadie”
Afirmó que “nunca” le pidió a Otero que le retirase ni esa ni ninguna otra sanción. “No pedí trato ninguno” de favor, dijo, ni “trasladé nada, ni al subdelegado del Gobierno ni a nadie”.
“No hablé con el subdelegado del Gobierno sobre esto”, insistió el alcalde, quien también se preguntó “qué beneficio” personal le iba a reportar a él “el archivo de una multa al ayuntamiento”.
El que fuera vicario general de la Diócesis y deán de la Catedral, Luciano Armas, también negó haber solicitado trato de favor alguno para que le retirasen cuatro sanciones por exceso de velocidad e incluso dijo sentirse “sorprendido” por haberse visto implicado en algo en lo que no tuvo “ni arte ni parte”.
Armas explicó que su coche era utilizado por otras tres o cuatro personas que trabajan con él y cuando llegaron las sanciones, esos compañeros quedaron en hacerse cargo de “la gestión” de las multas, porque él no tenía constancia de que, al menos en dos, se las hubiesen puesto a él. Cuando le dijeron que “todo estaba arreglado”, se desentendió del problema y no preguntó más. “Me fiaba de ellos”, dijo al tribunal, y “me sorprendió verme afectado por todo esto”.
Aunque reconoció que conoce “desde pequeño” a Otero, dijo que nunca le pidió que le retirase ninguna multa, porque “a un amigo” no le haría “una faena”.
Por su parte, José Rábade negó también que le hubiesen quitado ninguna multa. Antes de entrar en la vista oral, dijo que acudía a este juicio a “defender” su “inocencia”. “Nunca me quitaron ninguna multa de tráfico. Las pago todas y lo puedo demostrar”, añadió.

posibilidad de recurso
Juan José Molina explicó que le impusieron una sanción por exceso de velocidad y reconoció que sí llegó a hablar con el jefe provincial de Tráfico para preguntarle si había posibilidad de recurso, dado que había superado el límite en el transcurso de un adelantamiento.
Negó que hubiese pedido que le retirasen la multa y, de hecho, después de las explicaciones que le dieron en Tráfico, ni siquiera presentó recurso. Dijo que al no recibir la sanción, pensó que quizás hubiese prescrito por silencio administrativo, pero nunca lo atribuyó a ningún tipo de influencia por el uso de su cargo.