Las acusaciones mantienen las penas para los tres inculpados por el robo del códice Calixtino

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, que ejerce la Iglesia, mantuvieron ayer en la última sesión de la vista oral en la que se juzgó el robo del códice Calixtino las mismas peticiones de pena para el electricista, al que se acusa de sustraerlo, así como para su mujer y el hijo de ambos.
El fiscal Antonio Roma reclama para Manuel Fernández Castiñeiras 15 años de cárcel, que la Iglesia mantiene en 31. Para la mujer del electricista, Remedios Nieto, y para el hijo de ambos, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por los delitos de receptación.
Roma señaló ayer que da credibilidad a Remedios y a Jesús, incluso a que tenían miedo de Manolo, como se le conoce en su círculo íntimo, pero también dijo que ambos participaron en una compra inmobiliaria ejecutada sin que hubiese “ingreso aparente” que permitiese tal aventura.
De Fernández Castiñeiras apuntó que es alguien “que disfruta contando dinero” y al que poco le importa que su esposa trabaje como modista durante horas o que su vástago tenga temor a pedirle dinero.
Con tal exposición, el fiscal elevó a definitivas sus peticiones iniciales, puesto que consideró probado que Castiñeiras cometió dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; otro contra la intimidad, y uno más de blanqueo de capitales.
El abogado del cabildo catedralicio, José Antonio Montero, interpretó, y así lo expresó en esta última sesión, que hubo un “abuso de confianza” por parte del electricista, que se hizo de manera ilegítima con varias llaves.
Descartó en las conclusiones finales que el robo del códice Calixtino se produjese por un “descuido” en el que se dejó la puerta abierta, puesto que tal acción se ideó con “ánimo de vengarse” del anterior deán de la catedral de Santiago, José María Díaz.
La acusación particular mantuvo también la petición de penas para la mujer y el hijo de Castiñeiras, ya que “no se puede entender que tuviesen ese desconocimiento”.
Así, manifestó Montero que ante las compras de inmuebles, en metálico, debían sospechar del origen del dinero, ya que el matrimonio mantenía vida de “casi jubilados”.
Ambas acusaciones, la particular y la del Ministerio Público, restaron validez al posible síndrome obsesivo compulsivo de tipo acumulador que señalaba la prueba psicológica realizada al acusado del robo por un perito de parte.