Varios cargos del Govern se desmarcan ante el juez de la organización del referéndum

Tres responsables del área de Servicios y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat investigados por los preparativos del referéndum se desmarcaron ayer ante el juez de la organización del 1-O y negaron haber destinado fondos públicos a la consulta ilegal.

Varios cargos del Govern se desmarcan ante el juez de la organización del referéndum
Los mossos vigilan un colegio durante el 1-O | aec
Los mossos vigilan un colegio durante el 1-O | aec

Tres responsables del área de Servicios y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat investigados por los preparativos del referéndum se desmarcaron ayer ante el juez de la organización del 1-O y negaron haber destinado fondos públicos a la consulta ilegal.
Fuentes jurídicas informaron ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum, declararon cuatro nuevos imputados.


Dos de los investigados que declararon que fueron detenidos en la operación que la Guardia Civil organizó el pasado 20 de septiembre por orden del juez: Natalia Garriga, directora de Servicios de la Generalitat, y Pau Furriol, responsable de una nave de Bigues i Riells donde se intervinieron casi 10 millones de papeletas.
Garriga fue objeto de seguimientos de la Guardia Civil, que sospechaba que desempeñaba un papel clave en los preparativos del referéndum, y de esa forma llegaron a la nave donde se almacenaban las papeletas que, según mantiene el instituto armado, la responsable de Servicios de la Generalitat estaba supervisando.
También comparecieron ante el juez Mercedes Martínez, funcionaria que estaba bajo las órdenes de la directora de Servicios, y Joan Angulo, responsable del CTTI.

Tanto Garriga como Martínez se acogieron a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogado y negaron haber incurrido en un delito de desobediencia, dado que no estaban sujetas a ningún mandato judicial en relación con su posible participación en la organización del 1-O.
Mientras, el juez decidió prorrogar la causa por su complejidad, lo que le permite prolongar la investigación hasta febrero de 2019 como máximo, dos años después de la apertura del caso.
En un auto, el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona aceptó la petición de la Fiscalía y prorrogó otra vez la causa, que se abrió en el mes de febrero de 2017.