11º-23º
sábado | 20 abril | 2024
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) procesó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por presunta desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las “esteladas” de los edificios públicos durante la campaña electoral.
Según informó el TSJC en un comunicado, el magistrado instructor de la causa abierta por una querella de Fiscalía finalizó las diligencias y determinó que los hechos investigados pueden ser un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente, y abre el trámite para que las partes presenten petición de apertura de juicio oral a través de escrito de acusación o, en su caso, sobreseimiento.
El magistrado de la Sala Civil y Penal desestimó también la petición anterior a este trámite de sobreseimiento presentada por el abogado del presidente de la Generalitat. Torra declaró a mediados de mayo durante unos 45 minutos ante el TSJC por esta causa, donde fue acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas.
Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto formalmente a que el Supremo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre “los privilegios y las inmunidades” de Oriol Junqueras al estimar que la jurisprudencia de la UE es clara al respecto y determina que éste no estaría protegido por dicha prerrogativa.
Hace unos días, el Supremo abrió la puerta a elevar una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre este asunto a petición del exvicepresidente de la Generalitat, a quien impidió salir de prisión el pasado 17 de junio para continuar con los trámites necesarios para convertirse en eurodiputado.
En respuesta al tribunal, la Fiscalía deja claro que “no existen dudas razonables” que hagan necesario acudir al TJUE dado que en la Unión Europea hay “jurisprudencia constante por la que se considera que existe acto claro o aclarado” al respecto.
“Los privilegios e inmunidades son aplicables una vez adquirida la plena condición de miembro del Parlamento europeo y cuando éste se encuentre en periodo de sesiones”, afirma la Fiscalía en un informe en el que recuerda que el TJUE ya se pronunció en una sentencia de forma similar.
Por tanto, “la inmunidad y el consiguiente suplicatorio” requiere que se cumplan estos dos requisitos, que, insisten los fiscales, “no concurren en el presente supuesto”. En los próximos días, cuando el resto de las acusaciones y la defensa de Junqueras se hayan pronunciado, el Supremo debe decidir si finalmente pregunta a Luxemburgo.
En su escrito, la Fiscalía cree que la jurisprudencia del TJUE reconoce “con meridiana claridad” la competencia “exclusiva” a las autoridades nacionales para regular las condiciones para la adquisición del estatuto de europarlamentario.
Como también lo hacen, tal y como indicó los servicios jurídicos del Parlamento europeo, que señalaron que “es atribución exclusiva de la autoridad judicial competente autorizar a los parlamentarios electos bajo orden de arresto nacional la prestación de juramento o acatamiento de la Constitución que les convierte en europarlamentarios de pleno derecho”.
Ciudadanos
A este respecto, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, reclamó ayer al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que requiera a Quim Torra que acate la Constitución y que si no la haga aplicar con el artículo 155 en Cataluña. “El presidente del Gobierno, antes de que ocurran cosas peores, debe preguntarle al señor Torra si va a acatar la Constitución. Esto quiere decir que Sánchez debe requerir a Torra para que diga si cumplirá o no la Constitución y, si no hay acatamiento expreso, entonces debe hacerse cumplir por medio del 155”, afirmó, al tiempo que cuestionó si “¿es que Sánchez está cambiando la impunidad de Torra por votos para su investidura?”, aseguró.
Carrizosa destacó que la formación naranja “fue el único partido que exigió neutralidad a las instituciones” cuando Torra colgó símbolos e imágenes a favor de los políticos en prisión.
