11º-23º
sábado | 20 abril | 2024
El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, alertó ayer de que la “estricta aplicación” de la orden de la Fiscalía para impedir el 1-O tendría consecuencias “no deseadas”, ya que obligaría a suspender la actividad en servicios “esenciales” como hospitales, ambulatorios y geriátricos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó ayer los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y que cierren los que se hubieran podido abrir para la votación.
La magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que investiga al Govern por convocar el referéndum suspendido por el Constitucional, acordó esta medida en un auto en el que también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos.
La magistrada adopta estas medidas ante la “clara inobservancia” por parte de los miembros del Govern de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de las órdenes que dio de cerrar páginas web del Govern y que han sido “burladas” mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse.
En su resolución, la juez manda a los cuerpos de seguridad que, de manera coordinada, impidan desde ayer y hasta el domingo que estos locales de titularidad pública o en los que se presta algún servicio público se usen para la preparación de la consulta.
El día 1 de octubre, indica, “se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse”.
Objeciones
Con todo, en un escrito que ayer entregó al Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el mayor de los Mossos se compromete a aplicar las instrucciones para evitar el referéndum del 1-O, aunque de acuerdo con los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia” para evitar el “previsible riesgo de alteraciones del orden público”. Trapero expresa en su escrito una batería de objeciones y peticiones de aclaración a la Fiscalía sobre su instrucción de precintar los colegios electorales, cuestiones con las que, según precisa, pretende obtener precisiones para “dar el mejor y más adecuado cumplimiento” de las directrices del ministerio público. Según Trapero, la “estricta aplicación” de la instrucción de la Fiscalía de precintar los puntos designados como colegio electoral “podría comportar unas consecuencias no deseadas para nadie en relación a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar”.
Trapero detalla que entre los puntos designados como locales de votación existen centros educativos, pero también ambulatorios, hospitales y centros médicos, bibliotecas, juzgados, geriátricos y pabellones deportivos, entidades religiosas, locales de medios de comunicación, asociaciones de vecinos, teatros, centros de ocio y guarderías: “El cierre o precinto de estos locales supondría impedir el desarrollo de sus actividades”.
