11º-16º
miércoles | 17 abril | 2024
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado hoy que "lamentaría profundamente" que el camino de la reforma del proceso penal, que considera "inexcusable", no llegara a buen puerto, ya que, a su juicio, sería una ocasión perdida "ciertamente importante".
En su opinión, en necesario agilizar las respuestas que los procesos penales deben dar a la sociedad y modernizar, con instrumentos que aumenten aún más las garantías y los derechos de los ciudadanos, un proceso que debe contemplar tanto el papel de las víctimas como de los propios acusados en un equilibro de garantías.
El fiscal general del Estado ha hecho estas manifestaciones en Plasencia (Cáceres), momentos antes de participar en un curso de verano de la UNED titulado "La proyectada reforma del proceso penal: una Ley de enjuiciamiento criminal para el siglo XXI".
En declaraciones a los periodistas, Torres-Dulce ha puesto de manifiesto que el hecho de que dos terceras partes de los asuntos que acaban en los tribunales estén adscritos a la jurisdicción penal demuestra la importancia de acometer la reforma del proceso penal.
Ha citado, como "luces" del proyecto de reforma, haber hecho un avance "importante" en decisiones de la fase de instrucción, como atribuir la investigación al Ministerio Fiscal, lograr mayor concentración de agilización de los procesos en los juicios inmediatos y lograr dotar a España de una doble instancia en el campo penal como exigen los tribunales y organismos internacionales.
Por el lado de las "sombras", ha citado que él es "aún más radical e imprudente que el propio texto", y, como tal, le gustaría que la adscripción de la investigación al fiscal fuera aun más "radical", en el sentido de que fuera sólo el fiscal el que investigara, y la exigencia de que los juicios inmediatos en los que no es necesaria la instrucción se vieran en un máximo de 72 horas con juzgado y fiscalía funcionando coordinadamente.
Por otra parte, y preguntado por los procesos abiertos a sindicalistas por su participación en huelgas o el llamamiento a éstas, el fiscal general del Estado ha afirmado que su departamento no ha dado ninguna instrucción en este sentido y ha explicado que la mayor parte de los procesos son antiguos, "que se ven ahora y en los que los fiscales tienen absoluta libertad para calificar estos tipos delictivos".
"Ni hemos dado instrucciones generales ni particulares", ha aseverado Torres-Dulce antes de añadir que si de alguna forma se estima que son desproporcionadas las penas para este tipo delictivo hay que cambiar la ley.
"Pero por parte del Ministerio Fiscal no hemos dado instrucciones, ni hay comportamientos exacerbados con respecto a estos hechos", ha insistido.
En relación al número de aforados que existen en España, Torres-Dulce ha querido dejar claro que cualquier cambio en este sentido se basa en una decisión política.
"Que decidan los políticos lo que estimen conveniente, que en la carrera judicial y fiscal estoy seguro que vamos aceptar la decisión que ellos tomen", ha asegurado.
