11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó para este viernes el pleno para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Sánchez, en prisión preventiva, y advirtió al Tribunal Supremo de que, si lo impide, el Estado estará “incumpliendo sus obligaciones internacionales”.
Torrent firmó ayer por la mañana la convocatoria del debate de investidura, después de la ronda de consultas que llevó a cabo entre el viernes y el sábado para proponer el nombre de Sánchez, que esgrimirá un escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar al Tribunal Supremo que le permita salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid) para poder ser investido.
El Comité de Derechos Humanos, que aún no se pronunció sobre la denuncia presentada por los letrados de Sánchez, pidió a España el pasado 23 de marzo, a través de un escrito firmado por dos de sus 18 miembros, que adopte “las medidas necesarias para garantizar” que pueda “ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto” Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
Ayer, Torrent envió al juez esta resolución del Comité de Derechos Humanos, además de la convocatoria del pleno para las 10.00 horas del viernes, la propuesta de candidato a la investidura y una carta en la que insta al Estado a “tomar todas las medidas necesarias” para garantizar los “derechos políticos” de Sánchez.
Medidas cautelares
En la carta, Torrent señala que “la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sánchez pueda someterse al debate de investidura”.
En el caso de que el Supremo “no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sánchez, y el Estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales”, añade.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, rechazó los argumentos del presidente del Parlament sobre la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque “no dicta sentencias, ni medidas cautelares”: “Dejen de mentir y vuelvan al “seny”, si es que pueden”, apostilló.
El PDeCat, en cambio, ve la candidatura de Sánchez como una forma de “poner en evidencia” al juez Llarena y ha avalado la delegación de voto de Puigdemont y Antoni Comín en una eventual investidura.
El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, tachó de “pérdida de tiempo” la candidatura de Sánchez, al verlo “no apto” para desarrollar “con plenitud” ese cargo, motivo por el que también rechazó un posible nuevo intento de investir a Puigdemont.
La portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, descartó de nuevo una abstención de su grupo en investidura de Sánchez y reclamó a los independentistas “renunciar a la unilateralidad” para explorar un pacto entre “las fuerzas catalanistas”.
El diputado de la CUP Carles Riera afirmó que su formación votaría favorablemente una investidura de Puigdemont aunque no presentase un programa de gobierno republicano.
Delegación de voto
El PPC registró una solicitud a la Mesa para que se revoque el voto delegado de Puigdemont, argumentando que, al haber quedado este en libertad bajo fianza, su situación cambió y se debe “replantear la autorización de delegación de voto”.
Mientras, JxCat presentó varias enmiendas a su propia reforma de la Ley de la Presidencia para investir a Puigdemont a distancia, que desarrollan la propuesta inicial de que pueda haber consellers en el extranjero que puedan operar con todas las facultades ejecutivas.
Según las enmiendas, los cambios son para reforzar la idea de permitir que haya un presidente de la Generalitat a distancia y de que hayan consellers fuera de Cataluña con la cobertura legal de una ley.
JxCat presentó su reforma el 9 de febrero en el Parlament, y los grupos podían presentar enmiendas hasta este lunes, dos meses después: el grupo impulsor lo hizo para reformular su propuesta inicial añadiendo tecnicismos para precisar bien la propuesta.
En el redactado primigenio, JxCat ya proponía que todos los órganos colegiados de la Generalitat se puedan “constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de manera presencial y a distancia”, y en el texto enmendado se incluye de forma específica que todo esto lo pueda hacer el Govern.
