El Supremo decide investigar a Chaves y a Griñán por el caso de los ERE

El Supremo decide investigar a Chaves y a Griñán por el caso de los ERE
GRA021. MADRID, 13/11/2014.- El diputado socialista Manuel Chaves, durante el pleno del Congreso que celebra el tercer día de debates sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015. EFE/Javier Lizón

El Tribunal Supremo (TS) decidió investigar la posible implicación en el caso de los ERE de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de tres exconsejeros que como ellos tienen la condición de aforados.
El alto Tribunal atendió de este modo al criterio de la Fiscalía y aceptó hacerse cargo de la parte del sumario que afecta a los parlamentarios nacionales: los diputados Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y los senadores Mar Moreno y José Antonio Griñán.
El alto tribunal designó al magistrado José Alberto Barreiro como instructor de la causa, cuya apertura provocó un alud de reacciones políticas.
Poco después de conocerse el auto, el PSOE avanzó que Chaves y Griñán se personarán “de inmediato” para declarar, a pesar de que aún no fueron citados formalmente, y recalcó que la apertura de la investigación no significa que exista ninguna imputación.

Indicios consistentes
Será la Sala de lo Penal del Supremo la que verifique si en la exposición motivada que le envió la jueza Mercedes Alaya se consignan hechos que pudieran ser delictivos y si existen indicios consistentes o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas.
La jueza Alaya plantea en esa exposición que remitió al Supremo que hay indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años.

Erosión
Manuel Chaves presidió el Gobierno andaluz desde 1990 a 2009 y José Antonio Griñán lo hizo desde esa fecha hasta agosto de 2013, cuando dimitió para evitar la “erosión” que el caso de los ERE fraudulentos podía suponer para la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Alaya considera que el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden hasta los 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.
El sumario de los ERE tiene 229 imputados y acumula 100.000 folios, motivo por el que, en contra del criterio de la jueza, la Fiscalía consideró imposible un enjuiciamiento conjunto y propuso la separación en tres procesos.
La Fiscalía, además de pedir al Supremo que se hiciera cargo de la parte que afecta a los cinco parlamentarios nacionales, recomendó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se ocupe de los cuatro aforados autonómicos: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, también exconsejeros de la Junta.

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