viernes 27/11/20
SUPREMO SENTENCIA

El Supremo anula la pensión de 13,9 millones de euros del expresidente de Mutua Madrileña

El Tribunal Supremo ha anulado la pensión de jubilación de 13,9 millones del expresidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta porque cometió un "abuso de derecho" al dimitir dos días antes de que la Junta General de Mutualistas revocase esas indemnizaciones por "excesivas y desproporcionadas".

El expresidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta. EFE/Archivo
El expresidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta. EFE/Archivo

El Tribunal Supremo ha anulado la pensión de jubilación de 13,9 millones del expresidente de la Mutua Madrileña José María Ramírez Pomatta porque cometió un "abuso de derecho" al dimitir dos días antes de que la Junta General de Mutualistas revocase esas indemnizaciones por "excesivas y desproporcionadas".

En una sentencia, el Alto Tribunal admite así el recurso que interpuso Mutua Madrileña contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que fijó esa cuantía, y señala que no tiene derecho a cobrarla porque su conducta fue "contraria a las exigencias de la buena fe y socialmente reprobable".

Rodríguez Pomatta, que inicialmente había reclamado 21 millones de pensión pero su demanda fue denegada por un Juzgado de lo mercantil de Madrid en septiembre de 2010, fue consejero de Mutua desde el 22 de febrero de 1995 hasta el 28 de mayo de 2008, fecha en que renunció, y también fue presidente del consejo desde 2002.

En 2005, el cargo de consejero pasó a ser retribuido y se introdujo un derecho a pensión vitalicia para las personas que hubieran desempeñado este cargo durante dos o más mandatos, siempre que hubieran permanecido en el puesto durante los últimos cinco años antes de su cese y una vez cumplidos los 65 años, y la cuantía se aumentó en 2007.

Según el Supremo, la introducción en los estatutos de la Mutua de esas pensiones fue "auspiciada" por Ramírez Pomatta, "a quien directamente y más pronto iba a beneficiar, pues constituía una forma de preparar su jubilación que, según reclamó en su demanda, ascendería a más de 21 millones de euros".

La Dirección General de Seguros alertó entonces a la Mutua de que tal sistema de pensiones no era compatible con la moderación retributiva deseable para una entidad de seguros.

"El consejo de administración, al caer en la cuenta de las consecuencias que para la entidad podría suponer esta previsión y del abuso que suponía, decidió ya en enero de 2008 dejarla sin efecto", recuerdan los magistrados, que explican que en ese momento renunciaron todos los consejeros, con excepción de Ramírez.

Pero la Junta de Accionistas debía, poco después, ratificar dicha decisión, y fue así como, dos días antes de que se dejara sin efecto su pensión, a la que podía tener derecho si cesaba porque ya había cumplido los 65 años, Ramírez dimitió de su cargo.

El Supremo "no cuestiona" su derecho a dimitir pero precisa que "otra cosa" es "el propósito que le movía a hacerlo", que no era otro que evitar perder el derecho a cobrar la pensión citada, lo cual sí constituye un abuso de derecho que, como tal, no avala el alto tribunal.

"La dimisión del Sr. Ramírez como consejero, dos días antes de la junta general del 30 de mayo de 2008 en la que presumiblemente se iba a dejar sin efecto" su derecho a una pensión millonaria "pone en evidencia que el propósito de tal renuncia fue tratar de devengar ese derecho", al que no podría aspirar si cesaba una vez fuera aprobada la modificación estatutaria.

Y además, constituye "un abuso de derecho", concluye la sentencia.

En un comunicado, Mutua Madrileña señala que su actual presidente, Ignacio Garralda, "siempre había manifestado que la pretensión de José María Ramírez Pomatta debía rechazarse desde el punto de vista jurídico" y que por ello no procedía su abono, a menos que los tribunales fallaran lo contrario.

También insiste en que, desde 2008, y tras haber sido propuesto y aprobado en la Junta General de mutualistas, "pertenecer al Consejo de Administración de Mutua Madrileña no lleva asociada pensión o indemnización alguna al dejar el cargo de consejero".

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