9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
La Abogacía del Estado sospecha que la Generalitat usó parte de los 28.534 millones de euros de la financiación autonómica del año 2017 para financiar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Así se recoge en el escrito que presentó ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que explica que hay una “sospecha razonable” de que en la preparación y ejecución del 1-O pudieron emplearse “fondos públicos”, dado el elevado porcentaje de participación del Estado en la financiación de Cataluña.
El citado escrito responde al recurso presentado por el investigado Josep María Jové, el autor de la llamada “agenda del procés”, contra la personación del Abogado General del Estado en la causa que investiga la creación de estructuras de Estado y la organización del referéndum ilegal.
El Abogado del Estado acompaña su informe de otro realizado por la Secretaría de Estado de Hacienda, en el que se explica cómo es el sistema de financiación y las cantidades de fondos públicos que se destinaron a Cataluña en 2017, tanto las que se aportan por parte del Estado sin que estas tengan que ser devueltas como las que se transfieren en forma de préstamos.
Malversación
La Abogacía defiende su personación en la causa por entender que pudo haber malversación de fondos públicos, se recuerda un informe de la Guardia Civil del pasado 21 de noviembre, en el que se acredita un gasto de casi medio millón de euros en publicitar el referéndum en campañas como la del registro de catalanes en el exterior.
El Abogado del Estado alega que el perjuicio causado al Estado se deriva del “presumible desvío de fondos” sometidos a control por parte del Estado, a través de los diferentes mecanismos de financiación de la comunidad autónoma catalana.
El representante del Estado explica que en la actual fase sumarial existe una “sospecha razonable” de que en la preparación y ejecución del referéndum ilegal del 1-O, prohibido por el Tribunal Constitucional, pudieron haberse empleado “fondos públicos”.
En este sentido, recalca la condición de “perjudicado” por parte del Estado y dice que ésta se derivaría del “posible incumplimiento de las finalidades específicas para las que se habían asignado tales recursos por el Estado; o también por el incumplimiento o alteración de los instrumentos de control establecido”.
Y precisa que la alegación de que dichos fondos se integran en el patrimonio propio de la comunidad autónoma, como hace Jové en su recurso, no es óbice alguno para considerar a la Administración del Estado como acusación debidamente legitimada.
Para respaldar esta afirmación, la Abogacía acompaña su escrito de un informe firmado por el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en el que se explica cómo se financia la citada comunidad autónoma y el “elevado porcentaje de participación del Estado” en la misma.
En su conjunto, Cataluña recibió en 2017 un total de 28.534 millones de euros, de los que 18.717 provienen del sistema de financiación autonómica; 7.757 millones de los mecanismos adicionales de financiación como es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y 2.060 millones de cantidades finalistas por créditos asignados en los presupuestos del Estado en 2017.
