Soraya Sáenz de Santamaría asume las funciones del presidente de la Generalitat

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, delegó en su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las funciones y competencias del presidente de la Generalitat tras el cese de Carles Puigdemont.
Así consta en el real decreto por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas acordadas para Cataluña en aplicación del artículo 155.
En ese texto, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial del Estado, se determina que el presidente del Gobierno asume las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat de Cataluña previstas en el Estatut.
Pero en otro artículo del decreto se especifica que Rajoy delega a su vez esas funciones en la vicepresidenta de conformidad con lo establecido en la ley del Gobierno. Esta norma permite que el presidente del Gobierno pueda delegar competencias propias en favor de su vicepresidente y de los ministros.

Prohibidos por sentencias
Además, el Gobierno suprimió todos los órganos creados por la Generalitat que tenían como objetivo avanzar en el proceso secesionista, entre ellos el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional, y esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre otros que están impugnados para eliminarlos.
En aplicación de las medidas adoptadas para Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo decidió que desaparezcan esos órganos creados en aras de un proceso que recuerda que fue prohibido por sucesivas sentencias judiciales.
Así, uno de los que tuvo más relevancia en este proceso fue ese Consejo Asesor para la Transición Nacional que ahora recibe el nombre de Instituto de Estudios para el Autogobierno.
Un órgano que fue dirigido por el jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, investigado por los preparativos del referéndum.
El Gobierno también elimina la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña y el Patronato Cataluña Mon-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

Delegaciones en el extranjero
A ellos se suma la Oficina del presidente de la Generalitat, la del vicepresidente y las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el extranjero y en las organizaciones internacionales.
Sin embargo, el decreto aprobado por el Ejecutivo que elimina esos organismos aclara que no se suprimen los que han sido creados por leyes que se encuentran actualmente impugnadas ante el Tribunal Constitucional y sobre las que este aún no se ha pronunciado definitivamente. Es el caso, por ejemplo, de la Agencia Tributaria de Cataluña, la Agencia de Ciberseguridad y la Agencia Catalana de Protección Social.
Tras conocerse estas medidas, el PP respaldó ayer de forma cerrada la decisión del Gobierno de destituir al Govern, disolver el parlamento y convocar elecciones en Cataluña el 21 de diciembre como “la mejor de la medidas” para llamar a urnas “de verdad” a todos los catalanes y para el retorno de la legalidad.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto de su partido en Vitoria, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, respaldó las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña y ha puesto en valor que se hayan convocado unas elecciones en un breve espacio de tiempo: “Es un medida muy rápida, hablamos de diciembre”.
Resaltó que ahora sí serán “urnas de verdad”, para “todos los catalanes”, para “devolver la normalidad democrática” y la “legalidad” a Cataluña.

Por su parte, dirigentes del PP como el vicesecretario general de Comunicación, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, participaron en una concentración en la plaza de Colón de Madrid para defender la unidad de España.
Como un “auténtico golpe de Estado” contra el Estado de derecho, contra la legalidad y contra la propia Cataluña definió Cifuentes la proclamación de el viernes en el Parlament.
Casado lanzó un mensaje de “tranquilidad y de esperanza” a todos los catalanes y todos los españoles: “Cataluña no es independiente y España sigue unida”.
Remarcó que, frente a la “cobardía” del gobierno de la Generalitat, el Gobierno llamó a las urnas en un marco legal “absolutamente garantista”.