Sánchez pide permiso al Tribunal Supremo para ir a la investidura y afirma que respetará la ley

El número dos de JxCat, Jordi Sánchez, propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, pidió al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament

Sánchez pide permiso al Tribunal Supremo para ir a la investidura y afirma que respetará la ley
Simpatizantes de la ANC y Ómnium participan en la concentración para exigir la libertad de los Jordis | aec
Simpatizantes de la ANC y Ómnium participan en la concentración para exigir la libertad de los Jordis | aec

El número dos de JxCat, Jordi Sánchez, propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, pidió al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament el lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la “legislación vigente”.
La defensa de Sánchez solicita al juez del Supremo Pablo Llarena que lo deje en libertad provisional o le permita “acudir personalmente al debate de investidura” que, añade, está previsto para el 12 de marzo, para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes.

Un precedente de ETA
La defensa, que se remite en su escrito al caso del etarra Juan Carlos Yoldi excarcelado por la Audiencia de Pamplona para acudir al debate sobre su investidura, recalca la “decidida voluntad” de Sánchez de “obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas y republicanas”.
Según el escrito, la propia candidatura de Sánchez a la Presidencia de la Generalitat “es una muestra evidente de la voluntad, no solo personal sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido”.
En ese sentido, apunta la defensa que si Jordi Sánchez y el resto de miembros de su grupo hubieran querido “rebelarse violentamente, es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo a Puigdemont a la Presidencia del Gobierno autonómico”.

Reproches
Jordi Pina, abogado de Sánchez, reprocha asimismo al Supremo el “tratamiento radicalmente desigual” que dio a su cliente, un mero “líder de una asociación cívica”, con respecto a otros investigados por rebelión que son diputados, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, a la que dejó en libertad bajo fianza.
Por ese motivo, solicita al juez que aplique a Sánchez “las mismas razones” que le llevaron a dejar en libertad a otros imputados por rebelión, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, la propia expresidenta del Parlament Carme Forcadell o los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, y Dolors Bassa.
Mientras, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, anunció que su grupo parlamentario promoverá una “querella criminal” contra el juez Pablo Llarena si no deja en libertad a Jordi Sánchez o no le permite acudir al pleno de investidura del próximo lunes.
 En rueda de prensa en el Parlament, Pujol anunció la “intención de JxCat de promover una querella criminal contra Llarena por prevaricación si no resuelve favorablemente la petición de libertad de Sánchez”.
“Sería un hecho gravísimo, absolutamente inoportuno y que traicionaría la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Los jueces han de ser jueces, han de ser justos y no pueden decidir el futuro político de los países bloqueando investiduras”, señaló el dirigente de la formación liderada por Carles Puigdemont.
Pujol esgrimió que “el Estado de derecho merece el “sí” a la libertad de Sánchez” y, en este sentido, consideró que es de “sentido común” que el Supremo o el Constitucional acepten la petición presentada ayer por la defensa de Sánchez para que lo dejen libre o le permitan acudir al pleno de investidura. l