Rubalcaba habla con CiU, PNV, IU y UPyD en busca de acuerdo por el caso Bárcenas

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mantenido conversaciones con los portavoces de CiU, PNV, IU y UPyD para tratar de consensuar una primera iniciativa conjunta para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responsabilidades por el caso Bárcenas.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe que Rubalcaba ya ha mantenido conversaciones con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, así como con el líder de IU, Cayo Lara, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y la de UPyD, Rosa Díez.

Se trata, explican las fuentes, de estudiar alternativas a la situación de "bloqueo político" creada por la supuesta "connivencia" del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, con el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los contactos políticos continuarán en las próximas horas; no en vano mañana y el miércoles habrá pleno del Congreso y por tanto se puede dar la ocasión de que sigan estos contactos.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha explicado esta mañana que aunque el PP tenga mayoría absoluta, todos los grupos políticos de la oposición unidos tienen "muchas posibilidades" de acabar provocando la dimisión de Rajoy como presidente del Gobierno.

Alfredo Pérez Rubalcaba anunció ayer la ruptura de relaciones con el PP e insistió en pedir la dimisión inmediata de Rajoy por "connivencia con un delincuente".

Después de reunir de urgencia a la dirección del PSOE, Rubalcaba reprochó al presidente del Gobierno sus "mentiras" y su "ausencia total de explicaciones" tras la publicación en el diario "El Mundo" de unos mensaje de móvil entre Rajoy y Bárcenas, ahora en prisión.

Rubalcaba anunció que se pondría en contacto con los portavoces parlamentarios del resto de fuerzas de la oposición para hacer un "frente común" y estudiar conjuntamente qué medidas pueden adoptar, aunque no quiso adelantar si plantearía la posibilidad de presentar una moción de censura.

No obstante, aseguró que la continuidad de Rajoy como jefe del Ejecutivo agrava el "deterioro democrático" de un país con unas instituciones que "ya están muy cuestionadas" y transmite una "total falta de credibilidad" de España.