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viernes | 19 abril | 2024
El presunto cerebro de la mayor trama de corrupción conocida en España, Juan Antonio Roca, ha tenido ocho días de libertad en ocho años y durante todo ese tiempo ha estado sujeto al régimen especial de los presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).
De esta manera, todas sus comunicaciones con el exterior de la cárcel pueden ser examinadas y la Administración Penitenciaria se ocupa del control de las mismas, "la prisión dentro de la prisión" aseguran juristas consultados por Efe.
Una simple caja de galletas es registrada y supervisada antes de dársela al que fuera "jefe" de todos los asuntos urbanísticos de Marbella y aunque su trayectoria penitenciaria es totalmente correcta continúa sometido a dicho seguimiento.
Integrantes de banda armada o grupos terroristas, presos conflictivos y peligrosos, autores de delitos muy graves que hayan generado bastante alarma social así como personas pertenecientes a organizaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales suelen estar incluidos en el FIES.
Los juristas consultados por Efe han destacado que pasado tantos años Roca ya podría disfrutar de algún permiso y que aunque los delitos por los que ha sido condenado son muy graves no se deberían equiparse con los de sangre o los vinculados al terrorismo.
El propio Roca el último día del juicio del caso Malaya se preguntó y pidió al Tribunal y a las acusaciones reflexión sobre por qué le pedían más cárcel a él que a asesinos como Santiago del Valle, condenado por la muerte de la niña Mari Luz Cortés.
En el trámite de su última palabra, Roca aseguró que en junio del 2010, Santiago del Valle le preguntó mientras cenaba en la cárcel qué delito había cometido para que le pidieran más pena de cárcel que a él y que no supo qué contestarle.
También en aquel momento recordó a otro recluso condenado por asesinar, descuartizar y meter en una maleta a su mujer que ya disfrutaba de permisos de tercer grado.
Pese a su situación personal intenta no derrumbarse, no habla de sus miedos y se refugia en su actividad laboral en la prisión y en la ayuda a otros reclusos, lo que ha hecho que se refleje incluso en los informes psicológicos realizados en la cárcel, que asegura que se ofrece como "salvador" de reclusos que sufren más que él.
Su calvario no ha acabado, todavía le quedan abiertos más de treinta procedimientos pendiente de instrucción y juicio pero mantiene una actitud favorable al cumplimiento de las nuevas condenas, siempre según los informes de los expertos de Instituciones Penitenciarias, a los que ha tenido acceso Efe.
Su abogada, Rocío Amigo, también ha plasmado por escrito la queja de que su cliente siga sin gozar de un permiso y considera que "la demonización del proceso aún tiene efectos sobre la situación de Roca".
Si bien Roca ha cumplido el máximo legal en prisión provisional por el caso Malaya, continúa recluido, "lo que constituye de hecho una prisión provisional muy por encima del límite legal".
Además desde se que destapó el caso Malaya una administración judicial se hizo cargo de la gestión de los fondos intervenidos y en febrero del 2014 Roca se ofreció al pago y reconoció, expresamente, la facultad de la administración judicial de que vendiera parte de su patrimonio para pagar su condena.
El tribunal accedió atendiendo a la fijación de precios competitivos y sin producir perjuicio al patrimonio de Roca, que el fiscal fijó en su día, superior a los 200.000 millones de euros.
Hoy, pasados más de ocho años en prisión (ingresó el 29 de marzo del 2006) se encuentra recluido en Sevilla, una prisión alejada trescientos kilómetros de su familia y sin posibilidad por ahora de al menos un acercamiento a su entorno familiar.
Montserrat Martínez.
