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sábado | 20 abril | 2024
La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sublevó a la oposición, que recurrirá al Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno.
PSOE y Unidas Podemos sostienen que su objetivo es superar el “bloqueo” al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces: está cerca de cumplir dos años en funciones, los populares se niegan a negociar nuevos nombres, y sin ellos hoy en día no hay renovación posible, ya que la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las cámaras.
Según la propuesta presentada ayer en el Congreso por los grupos parlamentarios, doce de los veinte vocales (los de extracción judicial) podrían ser elegidos en segunda votación por mayoría absoluta. Los otros ocho miembros (juristas de reconocido prestigio) seguirían necesitando los tres quintos, ya que así lo marca la Constitución.
La portavoz socialista, Adriana Lastra, defendió que la reforma mantiene “la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados” y “obliga a buscar a acuerdos”, mientras que, desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha afirmado que quieren “proteger al poder judicial” del desprestigio que le causa el líder de la oposición, Pablo Casado.
En manos del Parlamento
El Gobierno avala una reforma porque cree que la renovación del CGPJ es una “urgente necesidad”, en palabras de su portavoz, María Jesús Montero, pero decidió dejar el polémico proyecto en manos de los grupos parlamentarios y no poner su firma en él.
Montero reconoció que así la tramitación será más rápida, pero rechazó que se haya querido esquivar a los órganos consultivos: si el proyecto lo hubiera presentado el Gobierno, debería recibir el informe del Consejo de Estado y del propio CGPJ, aunque su opinión no sería vinculante.
El PP anunció de inmediato que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea al considerar que el Ejecutivo quiere “el poder absoluto” e imponer una dictadura: “Cuando se está buscando anular el papel de la oposición, esas conductas son dictatoriales y se alejan de la buena calidad democrática”, advirtió su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.
También Vox anunció que llevará al Constitucional una reforma en la que ve un “ataque directo a la democracia, al Estado y a las instituciones”.
“Se confirma la infamia”, ha denunciado en el Congreso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.
La reforma suscita recelos incluso en algunos de los socios de investidura del Ejecutivo, como Más País, que advierte que, aunque se trate de un órdago, “es un precedente peligroso a largo plazo” y apuesta por “trabajar para ensanchar los consensos, no para estrecharlos”.
El Gobierno no duda de que la propuesta cuenta “con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo”, señaló su portavoz, pero previsiblemente será el Constitucional el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986.
Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los doce vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueron designados por el Parlamento. l
