11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez no había depositado a mediodía de ayer su fianza civil de 29,5 millones de euros por los ERE y fuentes judiciales señalaron que su posible recurso no paralizará la obligación de pago y, en caso de incumplimiento, el posterior embargo de sus bienes.
Fuentes judiciales indicaron que la exconsejera dispone de un día de plazo, a partir de la notificación del auto a su abogado y procurador, para depositar en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla los 29,5 millones de euros en efectivo, mediante aval bancario o garantía hipotecaria.
Cuando el juzgado finalizó ayer al mediodía su jornada de trabajo no se había depositado ninguna cantidad y abogados personados en la causa dan por hecho que la exministra no dispone de ese dinero en efectivo ni posibilidad de conseguirlo.
Un eventual recurso contra la fianza no es suspensivo, por lo que dentro de unos días la secretaria judicial iniciará el proceso para localizar, a través del centro de información del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo.
Este proceso se ha llevado a cabo ya con buena parte de los 145 imputados por los ERE, a los que el juzgado de Mercedes Alaya ha embargado pisos y fincas de su propiedad, cuentas bancarias, las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria y, una vez agotadas esas fuentes, coches y motocicletas.
antecedentes
Hasta ahora, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de todos los recursos sobre los ERE, ha confirmado las decisiones de Alaya sobre las fianzas civiles, entre ellas los 807 millones de euros impuestos en el año 2012 al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la más alta del caso pues respondía a todas las ayudas pagadas con la partida 31L entre los años 2001 y 2010.
La única excepción se produjo en enero pasado, cuando la Audiencia rectificó la decisión de Alaya de no imponer medidas civiles a María José Rofa, una exasesora de la dirección general de Trabajo, ya que su colaboración en la investigación, como argumentó la juez instructora, “puede ser motivo de atenuación de la pena” pero no puede dar lugar a “una negativa a adoptar medidas de aseguramiento de responsabilidades pecuniarias”.
Alaya acordó imponer fianza a Álvarez, pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía no solicitaron ninguna cuando la exministra compareció como imputada, en octubre del 2013, y declaró que no conoció los reparos de la Intervención a la forma en que se estaban dando las ayudas.
La Audiencia tiene previsto celebrar el 23 de abril una vista para debatir el recurso de la exconsejera, en el que su abogado argumenta que las acusaciones se basan en “sospechas”.
