Rato, Blesa y Barcoj, imputados por el escándalo de las tarjetas opacas

El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, con las que 86 exconsejeros y exdirectivos cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, tiene desde ayer los tres primeros imputados, los expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa y la “mano derecha” de este último, Ildefonso Sánchez Barcoj.
“Visto el estado de las presentes actuaciones, cítese a los siguientes, con el fin de recibir declaración, en calidad de imputados, por los hechos objeto de la presente pieza separada”, señala el instructor del “caso Bankia” en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en la providencia en la que les ha citado para el próximo día 16.
Así reaccionaba el juez una semana después de que se conociera el informe que Anticorrupción le envió apuntando a posibles delitos de apropiación indebida y administración desleal en estos hechos, que investigará en una pieza separada que ha denominado “Tarjetas de crédito”.
El magistrado empezará los interrogatorios con Sánchez Barcoj, que no solo gestionaba directamente las tarjetas sino que encabeza el listado de los 86 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid que disfrutaron de los 15,25 millones cargados a la entidad, con unos movimientos de 484.200 euros. Mientras, en el caso de Blesa, la factura asciende a 436.700 euros, y en el de Rato a 44.200 euros.

Asumidos por la entidad
A esos 15,25 millones hay que sumar los 245.200 asumidos por Bankia entre 2011 y 2012, de los que 90.879,24 euros fueron del exdirector general y otros 54.837,12 euros del expresidente, aunque también figuran otros gastos de exdirectivos de Caja Madrid que siguieron disponiendo de sus visas.
Rato y Barcoj, así como los exdirectivos José Manuel Fernández Norniella y Matías Amat –que cargaron 9.700 y 42.042 euros, respectivamente–, procedieron a devolver el dinero.
Precisamente sobre este extremo habló el ministro de Economía, Luis de Guindos, para dejar claro que “en absoluto” avisó a Rato antes de que el FROB enviara el caso a la Fiscalía, que destapó la propia Bankia en un trabajo de auditoría interna.
Por su parte, el titular de Justicia, Rafael Catalá, mostró su “respeto” por la decisión de Andreu, al tiempo que calificó de “reprochable” e “inadecuado” el uso de las tarjetas.
Desde los sindicatos, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, consideró “acertada” la decisión del juez, mientras que al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, le pareció bien que se acelere el procedimiento judicial, que “no debería eternizarse”.
Todavía está por saber si la cifra cargada a Caja Madrid debe ser reclamada por la Fundación del mismo nombre, heredera de su obra social, aunque su expresidenta Carmen Cafranga ha decidido depositar en una notaría un aval bancario por los 175.200 euros que disfrutó de su visa.