Puigdemont acusa al Gobierno de fomentar el miedo con la decisión de Cuentas contra Mas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó ayer al Gobierno de “saltarse el Estado de derecho” y de dar un “salto cualitativo en su estrategia desesperada de fomentar el miedo” para impedir el 1-O, tras la última decisión del Tribunal de Cuentas contra el expresidente catalán Artur Mas y otros diez altos cargos. El órgano ha citado el próximo 25 de septiembre a once ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresident, para que abonen una fianza de 5,12 millones de euros por los gastos de la consulta del 9-N.
Entre los afectados están el exsecretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, así como a Lluís Bertran, Josefina Valls, mujer del exconseller Jordi Baiget, que abandonó el Govern por miedo a perder su patrimonio; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra.
En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ligó este “incremento de las amenazas y agresiones” del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.
Puigdemont señaló que el Govern ya está “preparado” para firmar a continuación el decreto de convocatoria y expresó su “apoyo total” a los afectados por la decisión del Tribunal de Cuentas. “Si los tocan a ellos, los tocan a todos”, afirmó el líder catalán, que recalcó que al organizar la consulta soberanista del 9-N de 2014 “actuaron en nombre del gobierno de Cataluña”, por lo que “no es un ataque a personas en concreto, es un ataque a todos aquellos demócratas que quieren votar” el 1-O.
Puigdemont subrayó que “no hay alternativa a votar”. “Por más miedo que quieran fabricar, no tendremos miedo. Por más trabas que quieran poner en estos 25 días que faltan para hacer el referéndum, nada lo detendrá. El 1-O acabarán por convencer a aquella gente que tiene dudas”, aseguró.
La decisión del Tribunal de Cuentas, que calificó como uno más de los “órganos politizados” del Estado, “vulnera los procedimientos” previstos, al interpretar de manera “torticera” la normativa de las instituciones y saltarse “garantías fundamentales del derecho de defensa”, sin esperar a “leerse” los expedientes que habían pedido a los afectados.

Respuesta
Para Puigdemont, “la única respuesta que podemos dar a estos excesos del Estado es una respuesta democrática, cívica, serena, masiva” el 1 de octubre. “Como Govern estamos preparados para firmar la convocatoria del referéndum cuando tengamos el texto legal que nos permita convocarlo. Llevamos seis años de suspensiones. Por 25 días no vamos a frenar el 1-O, al contrario, lo vamos a reforzar”.
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, denunció el “intento de impedir el derecho de voto” por parte de un Estado que “quiere impedir el funcionamiento normal de las instituciones catalanas” y que “abusa de las instituciones que tiene en su entorno”, a las que fuerza a “hacer papeles que no les corresponden”. “¿Hay algún auténtico demócrata que crea que la democracia tiene un precio o que renuncie a la democracia por una determinada cantidad de dinero? Ningún auténtico demócrata de ningún lugar del mundo estamos dispuestos a renunciar a la democracia porque nos amenacen con estas actuaciones contrarias al Estado de derecho”, afirmó.
El vicepresidente y líder de ERC recordó que “convocar un referéndum no es ningún delito, ni desde el derecho internacional ni el español”.