9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
El PP, que se sienta en el banquillo del juicio por la primera época de la trama “Gurtel” como partícipe a título lucrativo, se adhirió ayer a todas las cuestiones previas presentadas por el resto de acusados, solicitando así la nulidad completa del procedimiento alegando a que el origen de esta causa es “ilegal”.
Así lo expuso el abogado de la formación Jesús Santos durante su turno de cuestiones previas al juicio. Entre las peticiones realizadas por los 37 acusados en el banquillo figuran la nulidad de las grabaciones aportadas por el denunciantes del caso José Luis Peñas y las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción.
delictivas
Santos subrayó que ya el inicio de la causa –que ha calificado como “acto generador”– era “ilegal” e “ilícito, en alusión a las grabaciones aportadas por Peñas. Asimismo, lamentó que no se haya podido “expulsar” de la causa el “conocimiento, la información” de las escuchas de las conversaciones de algunos de los acusados en prisión que tachó de “ilegales, ilícitas y delictivas”.
En este sentido, instó al tribunal a que estudie “de qué manera pudo afectar en el devenir” y el “reflejo contaminante” que pudo tener en los posteriores actos de investigación esta decisión del exjuez que provocó su salida de la carrera judicial por prevaricación.
Por otra parte, el representante del PP ha destacado que el PP tiene una condición “equívoca e inadecuada” de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no ha tenido “participación alguna” en los hechos.
Santos aseguró que desconoce “con precisión y con la concreción necesaria” qué hechos precisos acreditan que se considere al PP como “beneficiario” y le reporte la condición de responsable civil.
De hecho, aseguró que no ha tenido “participación alguna” en los delitos que se le imputan y ha remarcado que sigue sin conocer a día de ayer “ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni dónde” del presunto beneficio que generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas de Francisco Correa.
“No debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales”, dijo.
