El PP impugna el presupuesto catalán por la consulta y retrasa su aprobación

El PPC decidió finalmente llevar la ley de Presupuestos de la Generalitat y la ley de acompañamiento al Consejo de Garantías Estatutarias por incluir una partida de 5,75 millones de euros para celebrar la consulta soberanista en 2014, lo que retrasará la aprobación de las cuentas al menos un mes.
Así lo confirmó el portavoz popular en el Parlament, Enric Millo, quien explicó que dirigió ayer a la Mesa de la Cámara catalana dicha solicitud de dictamen, que en todo caso no será vinculante.
La impugnación al Consejo de Garantías, añadió Millo, también se refiere a varios artículos de la ley de acompañamiento que hacen referencia a competencias para la Generalitat que, a su juicio, no están contempladas en el marco constitucional y estatutario, como en materia tributaria, así como a los 2.300 millones de euros de ingresos previstos que, para el PPC, “no están justificados”.

Una trampa
“Estos presupuestos son una trampa, ocultan un engaño flagrante y pretenden dedicar recursos públicos a la financiación de un referéndum de autodeterminación ilegal. El PPC no va a permitir que esto suceda”, señaló Millo en rueda de prensa.
Un anuncio que se produce horas después de que el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, afirmara que los Presupuestos son “inmaculados” desde el punto de vista de la adecuación al Estatut y a la Constitución, y que su impugnación tendría consecuencias directas para los ciudadanos.
Como ejemplo, Homs señaló que una de las disposiciones de la ley de acompañamiento es que, en casos de familias con situación de vulnerabilidad acreditada por un informe, no se les corte el suministro eléctrico en pleno invierno.
“Que no venga Homs ahora a hacer demagogia barata, de baja estopa, con mala fe, de muy corto vuelo. Es una manipulación barata y barriobajera, una aberración. Que no nos venga con preocupaciones sociales el que ha hecho los presupuestos más antisociales de su historia”, insistió Millo.
En este sentido, instó al Govern a que, una vez el PPC pida el dictamen, impulse un decreto ley de prórroga de los Presupuestos, y aproveche esa misma reunión para “aprobar un decreto ley en el que establezca la medida de la tarifa social eléctrica y cualquier otra que considere de urgencia”.
El portavoz explicó que la prórroga no perjudicará al cumplimiento del déficit, uno de los reparos que tenían los populares para tomar la decisión: “Desde el punto de vista técnico está absolutamente resuelto, porque el Govern deberá aprobar un decreto ley de prórroga presupuestaria, reduciendo la masa de gastos a lo que es el objetivo de déficit máximo autorizado”.
Pero Millo sugirió otra “solución”, planteando a CiU que los populares podrían reconsiderar solicitar el dictamen si, hoy mismo, “acepta o transacciona nuestra enmienda de supresión del artículo en el que se establecen los cinco millones. Aún está a tiempo –dijo–”. n