9º-16º
martes | 23 abril | 2024
El Pleno de Congreso aprobó la reforma de la justicia universal propuesta por el PP con el rechazo en bloque de toda la oposición parlamentaria a una iniciativa que supondrá el archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como el caso del Tíbet que molestó a Pekín.
Con el único apoyo del PP, la Cámara baja aprobó la proposición de ley que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que se conoce como la justicia universal.
En el debate de la propuesta, los grupos de la oposición acusaron al Gobierno de “arrollar” los derechos de los españoles al plegarse a los exigencias de países como China para eliminar la justicia universal en España, si bien el PP negó este supuesto.
La iniciativa, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue tachada por la oposición de “inconstitucional” al permitir el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles que, según defendió el PP, acaban archivadas en su mayoría.
El diputado popular Jose Miguel Castillo destacó que la finalidad de la norma es ampliar la lista de los delitos cometidos fuera de España, así como “delimitar con claridad” los supuestos en que la justicia española pueda investigarlos. Sobre este asunto, afirmó que la reforma “no crea espacios de impunidad para nadie” sino que, al contrario, “permitirá que estos crímenes, sin crear falsas expectativas, puedan ser perseguidos y juzgados, de manera más efectiva y eficaz que antes” al considerar que el sistema actual promueve, dijo, una justicia “quijotesca” que no logra resultados.
“Esto y no los conflictos diplomáticos es lo que nos preocupa”, añadió en alusión a presiones de terceros países por causas abiertas en España.
estrangulamiento
No lo entiende así el grupo socialista que por medio de Soraya Rodríguez señaló que la norma pretende “estrangular” la justicia universal ya que, explicó, “todos los procesos abiertos se sobreseerán de forma automática”.
“Ésta será su herencia, su marca España”, reprochó al PP la diputada, que aseguró que la reputación internacional queda “seriamente dañada” por una reforma que incumple obligaciones internacionales asumidas por el Estado lo que, a su juicio, puede provocar que España sea denunciada por ello.
Más crítico fue el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, que tildó la iniciativa de “vergonzosa” por suponer una “ley de punto y final que sigue con obediencia los mandatos del resto de gobiernos a cambio de relaciones comerciales”.
