El Poder Judicial ampara al juez Llarena ante el “ataque planificado” a su independencia

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgó ayer amparo al juez instructor de la causa abierta por el “procés”, Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica por los procesados huidos, que tacha de “ataque planificado” a su independencia.
En opinión de este organismo, la demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Merixell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, intenta “sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”.
El CGPJ promete que se adoptarán “todas las medidas necesarias” para garantizar la independencia de Llarena, “incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, que establece que no se puede demandar de forma directa a un juez en el ejercicio de sus funciones y que el Estado se hace cargo de eventuales indemnizaciones.
Pide además a los ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren “la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales de Bélgica”, abriendo así la puerta a que la Abogacía del Estado se persone en defensa de España en Bruselas. Llarena está citado a comparecer ante un tribunal belga el 4 de septiembre.

Desacreditar
Para el Consejo, la demanda presentada, en la que los procesados alegaron que Llarena no había respetado la presunción de inocencia y había ofendido su honor al acusarles de ser rebeldes, tiene “como único fin” condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales en este y otros procedimientos, desacreditando la instrucción del caso ante la opinión pública internacional.
La demanda “cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes” y, en opinión del Consejo, es difícil que pueda existir “una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español”. A su juicio, al cuestionar así la actuación de un magistrado “se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de derecho, atacándose la independencia judicial”. l