El PNV y la izquierda abertzale convocan otra marcha tras prohibirse la de apoyo a los presos

La prohibición de la manifestación convocada en favor de los presos de ETA por la iniciativa “Tantaz tanta” llevó al PNV y a los partidos que integran EH Bildu a convocar una nueva marcha en Bilbao en favor de los derechos humanos, la solución al conflicto y la paz.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el de Sortu, Hasier Arraiz, comparecieron ayer conjuntamente en Bilbao, poco después de que el colectivo “Tantaz tanta” anunciara que desconvocaba su manifestación, tras la prohibición de su celebración por parte del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
En su comparecencia, en la que no permitieron preguntas, leyeron este breve comunicado: “Frente a la conculcación de derechos humanos y ante medidas excepcionales negativas, expresamos la voluntad política de fortalecer el nuevo escenario abierto en nuestro pueblo y de tomar las medidas necesarias para consolidarlos como hacemos en el día de hoy”.

trabajo conjunto
“Llamamos a participar en la manifestación y a trabajar de forma conjunta en la consecución de los objetivos que recoge su lema”, añade el texto.
Esta inusual comparecencia conjunta de los máximos dirigentes del PNV y de la izquierda abertzale, que ellos mismos reconocieron como “excepcional”, se produjo después de que el juez Velasco prohibiese la marcha de “Tantaz tanta” al considerar que esta plataforma ciudadana es una sucesión del colectivo de apoyo a presos de ETA Herrira, cuyas actividades él mismo suspendió durante dos años.
Esta resolución de Velasco se produjo después de el también juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz autorizase la marcha en favor de los presos al entender que no había indicios de que en ella se pudiera cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo.
Sin embargo, ante la petición de la Fiscalía de prohibirla cautelarmente, tal y como le habían solicitado tres asociaciones de víctimas, Ruz remitió su auto al juez Velasco al ser el instructor de la causa contra Herrira, y finalmente se prohibió.
Esta decisión motivó numerosas críticas por parte del Gobierno vasco, partidos nacionalistas y sindicatos al considerar “grave e incomprensible” que se impidiese esta marcha, con características similares a las celebradas en años anteriores en favor de los presos.