15º-18º
lunes | 13 mayo | 2024
La Mesa del Parlament aceptó ayer que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) pueda delegar su voto en un compañero de su grupo y lo hizo pese a que los letrados de la Cámara advirtieron de que existen dudas de que sea legal.
Fuentes parlamentarias explicaron que la delegación de voto se tramitó con el voto a favor de ERC y JxCat, los dos partidos independentistas que tienen mayoría en la Mesa del Parlament, y pese al rechazo de Cs y PSC.
Los letrados que asistieron a la reunión de la Mesa alertaron de que aceptar la delegación de voto podría colisionar con la interlocutoria del Tribunal Constitucional del 27 de enero que puso condiciones a la investidura del propio Puigdemont.
El punto 4.C de aquella resolución estableció, entre otras cuestiones, que “los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”.
Las mismas fuentes advirtieron de que la decisión de la Mesa podría incurrir en desobediencia al Alto Tribunal y, en consecuencia, podría acarrear consecuencias penales para los miembros del órgano rector de la Cámara catalana.
Se dan las condiciones
Fuentes de JxCat defendieron que ya existen las condiciones para que Puigdemont delegue su voto sin que ello ocasione problemas legales a los miembros de la Mesa: recuerdan que el expresidente ya ha pasado a disposición judicial y está “privado de libertad”.
Según el partido del expresidente, esto sitúa a Puigdemont en la misma posición que los diputados catalanes que están en cárceles españolas –Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull–, y que delegaron el voto en los plenos sin que haya pasado nada.
Además, JxCat alega que la interlocutoria del Tribunal Constitucional del 27 de enero se pronunciaba sobre la investidura de Puigdemont, que hoy por hoy ya no es candidato a la Presidencia, por lo que consideran que aquella resolución ya “no es aplicable” ahora mismo.
En la reunión, Cs alegó que no solo ven ilegal que el expresidente delegue el voto, si no que existe un “defecto de forma” en la solicitud que presentó: está firmada en el Palau del Parlament y recuerdan que Puigdemont no estuvo nunca en la Cámara desde que empezó la legislatura.
“Como mínimo, que hagan las cosas con un poco de formalidad”, alegan desde el partido de Inés Arrimadas, que ahora estudiará si impugna la decisión de la Mesa a través del mecanismo parlamentario habitual.
Por su parte, el diputado de la CUP Vidal Aragonés aplaudió que la Mesa haya aceptado la delegación de voto de Puigdemont y manifestó solidaridad con los Comités de Defensa de la República ante su criminalización.
En una rueda de prensa en el Parlament, el diputado valoró la decisión de la mayoría independentista. No obstante, para Aragonés no se trata de un “ejercicio de ruptura ni de desobediencia”, sino que lo que hacen JxCat y ERC es “cumplir la legalidad”, ya que considera que la legislación vigente avala que los presos puedan delegar su voto, como ya autorizó el Tribunal Supremo en el caso de los encarcelados en España.
Derechos limitados
Así, pese a que no haya habido a su juicio “desobediencia” de la Mesa, Aragonés aplaudió la decisión de JxCat y ERC porque considera que se estaban “limitando los derechos políticos” de Puigdemont.
En todo caso, ese gesto no ha modificado la posición de la CUP, que mantiene la abstención de sus cuatro diputados respecto a cualquier candidato a la investidura que no sea Puigdemont, según recalcó Aragonés, que explicó que en los últimos días no celebraron reuniones con JxCat y ERC, ni están previstas próximamente.
El diputado puntualizó que podrían modificar su abstención si les convence el programa que presente el nuevo candidato o candidata, siempre que sea una apuesta por la república.
Asimismo, denunció que “la represión del Estado español continua a través fiscalía alemana” en el caso de Puigdemont, y calificó de “auténtica aberración jurídica” la acusación de rebelión, ya que considera que la “única violencia” fue la que ejercieron las fuerzas de seguridad el 1 de octubre.
También negó violencia de los Comités de Defensa de la Repúlica, a los que ha trasladado su solidaridad ante la “campaña de criminalización absoluta por parte de algunos medios de comunicación que apuntan y la fiscalía dispara”.
