Oriol Pujol acepta dos años y medio de cárcel por el caso ITV y su esposa una multa

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol aceptó una condena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV.
Fuentes judiciales explicaron ayer se celebró en la Ciudad de la Justicia una audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona –que llevó este caso–, paso previo en los trámites para un juicio con jurado.
En esta vista, la mujer, Anna Vidal, aceptó pagar una multa de 47.250 euros como condena, y evitaría la prisión, después de que ambos encausados hayan alcanzado un pacto con la Fiscalía, que modificó sus conclusiones y sus peticiones de penas.
Pujol aceptó tres condenas que suman estos 30 meses por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, y también aceptaron penas de multa otros dos acusados: los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou.
Sin embargo, el hecho de que ni el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous y el empresario Sergi Alsina hayan querido pactar hace que este acuerdo de conformidad solo sea parcial.
Por ello, ahora será el magistrado presidente que nombre la oficina del jurado para este proceso –tras el trámite de ayer tienen 15 días hábiles para hacerlo– que decida si dicta una sentencia para los acusados que se han conformado y juzga a los otros, o si se celebra juicio para todos y el acuerdo queda en nada.
En un principio, la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y tres años y cuatro meses para su mujer.
En su calificación previa al juicio, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaban al hijo del expresidente de la Generalitat de los delitos de tráfico de influencias, por el que pedían dos años; cohecho, por el que solicitaban un año y dos meses, y falsedad en documento, por lo que demandaban dos años más.
Está acusado de usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y, además, de cobrar de un empresario amigo por su intermediación con pagos camuflados como trabajos de asesoría a su mujer. l