lunes 09.12.2019

Ningún cargo público podrá declarar por escrito si es citado ante un juez

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer, en el pleno del Congreso, que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá que ningún cargo público podrá testificar por escrito cuando sea citado por el juez.

Morenés (i), Ruiz-Gallardón (c) y García-Margallo (d), al inicio del pleno del Congreso	efe
Morenés (i), Ruiz-Gallardón (c) y García-Margallo (d), al inicio del pleno del Congreso efe

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer, en el pleno del Congreso, que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal incluirá que ningún cargo público podrá testificar por escrito cuando sea citado por el juez.
Ruiz-Gallardón, quien advirtió de que la corrupción es “un cáncer que nos puede matar a todos”, adquirió este compromiso con la portavoz de UPyD, Rosa Díez, quien le reprochó la tardanza en poner en marcha algunas medidas de regeneración democrática en el país.
El ministro renovó también su promesas de suprimir la posibilidad de que las asambleas legislativas elijan a los jueces competentes para juzgarles y de prohibir que los acusados por corrupción puedan integrar listas electorales desde el momento en que se abre juicio oral.
A este respecto, la diputada de UPyD le propuso que, aunque todavía la ley no se haya tramitado, los partidos se apliquen ya esa prohibición, como mensaje de regeneración a la sociedad, a lo que Gallardón respondió así que trasladaría a la dirección de su partido la voluntad del Gobierno de legislar al respecto y que suponía que “en coherencia” el PP la aplicaría.

voluntad de acuerdo
El ministro defendió que hay “voluntad” en el Gobierno de plantar cara a la corrupción, pero hizo hincapié en que quiere hacerlo desde el acuerdo, porque cree que esa es no una batalla que tenga que ganar solo un gobierno, sino también “la oposición, el parlamento, la sociedad y la democracia entera”.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, destacó ayer el “compromiso” del Gobierno en la lucha contra la corrupción al señalar que las investigaciones abiertas han pasado de dos en 2009 a 36 en 2013. Fernández Díaz respondió así a una pregunta de la diputada socialista María Ángeles Álvarez, sobre si el Gobierno está facilitando la investigación en las tramas de corrupción que afectan al PP.
Por otra parte, el Gobierno recaudó 316 millones como consecuencia de la nueva ley de tasas judiciales que se destinarán a financiar el coste de la administración de justicia y “muy especialmente” al sobrecoste que ha supuesto la aprobación de la ley de justicia gratuita.

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