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jueves | 18 abril | 2024
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo tajante que no se va a celebrar un referéndum de autodeterminación el uno de octubre en Cataluña porque no hay presupuesto para ello, a lo que le respondió el PDeCat que si no hubo gasto hasta la fecha era por falta de leyes, la de desconexión y la de convocatoria, y que se van a aprobar la próxima semana.
Montoro compareció en el Congreso para explicar las medidas de control impuestas a la Generalitat a raíz del reto soberanista en el que está inmersa. Ha explicado que de momento los está cumpliendo y que cada semana, el Gobierno recibe los certificados de que no se gastó “un euro” en el referéndum.
Hacer una cuestación
“No va a haber referéndum porque no hay presupuesto, a ver si nos entendemos. No lo va haber por otras causas, pero también porque no hay presupuesto”, sentencio el ministro, que se preguntó si los promotores están pensando en hacer “una cuestación” para sufragar el coste.
En la réplica, el portavoz del PDeCat, Antoni Postius, le aseguró a Montoro que el uno de octubre “se va a votar” y que si hasta ahora “no se ha gastado un solo euro” es porque faltaba el marco legal y esto se resolverá en días: “La semana que viene se van a aprobar las dos leyes”, la de desconexión y la de convocatoria del referéndum.
El portavoz le dijo al ministro que el Gobierno “no quiere entender por qué está pasando esto en Cataluña” y que la mayoría absoluta del Parlamento catalán “quiere ir adelante” con la celebración del 1 de octubre.
El ministro insistió después en que los mismos políticos que impulsan el referéndum están certificando que no gastan dinero en organizarlo y les animó a explicarlo en público. “¿Por qué no cometen la ilegalidad? Porque no pueden hacerlo los funcionarios de la Generalitat”, añadió Montoro, que se ha mostrado seguro de que los empleados públicos catalanes se mantendrán dentro de la ley en todo momento.
Críticas de la oposición
El PSOE, Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Esquerra Republicana, el PNV y el PDeCat cargaron contra la posibilidad de que los controles del Gobierno puedan suponer un cierre en las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Meritxell Batet, del PSOE, que recordó que el mecanismo de financiación autonómica lleva pendiente de revisión desde 2014, criticó que el FLA sea “un mecanismo que sirve perfectamente” a los “intereses” del Gobierno del PP. “Lo venden como un favor, consigue un mayor control de las comunidades, respondiendo a la limitación de la autonomía política, limita sus políticas y pone en jaque los pilares del Estado del Bienestar”.
En el caso de Cataluña, Batet dijo que este tipo de medidas “dificultan el futuro e imprescindible diálogo” que a su juicio debe hacerse y “alimentan el victimismo ante un Estado malo”.
Escenario de excepcionalidad
Por parte de En Comú Podem, Xavier Doménech acusó a Hacienda de querer llevar la sostenibilidaad financiera a “un escenario de excepcionalidad”, a “un escenario de guerra” en el que el Gobierno amenaza con medidas si no se cumple lo que impone. “¿Por qué en términos coercitivos y no de colaboración? Están cometiendo una falta de lealtad institucional con la Generalitat”, acusó Doménech.
Por su parte, Ester Capella, de Esquerra, sentenció que “estas cosas de amenazar lo hace la mala gente” y censuró que el Ejecutivo se plantee no pagar el FLA y criticó el aumento de burocratización que suponen las mayores exigencias de certificación “en una administración altamente burocratizada” y denunció el “incumplimiento desde el minuto uno” del sistema de financiación por parte de Gobiernos socialistas primero, y “populares” después.
El PNV también criticó las medidas advertidas por Hacienda –”no están basadas en criterios económicos, sino políticos”, dijo– y a través de su portavoz de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha comparado los mecanismos de financiación como el FLA con los planes de rescate y de estabilidad impulsados por la Comisión Europea, que “de facto” suponen “una intervención”.
Únicamente Cs (además del PP) respaldó los mecanismos de control del Gobierno y la posibilidad de no transferir recursos: “Creemos que es razonable que el dinero de todos no sirva para financiar referéndum ilegales, sino servicios públicos”, dijo. l
