11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas, tres de sus consejeros y funcionarios del gobierno catalán por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
El Tribunal de Cuentas considera al expresidente de la Generalitat el máximo responsable del coste del 9-N y le obliga a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que es el importe total de todas las fianzas fijadas. Es decir, Mas tendrá que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no hayan podido afianzar.
Los 5,25 millones de euros responden a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros.
El Tribunal de Cuentas ha dividido el coste total en varios bloques –registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria, envío de información, entre otros– en los que Artur Mas aparece en todos.
La fianza de unos tres millones de euros por la compra de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación del 9N supone casi el 60 por ciento de la cantidad que el Tribunal de Cuentas reclama al expresidente Artur Mas y otros cargos del Govern por organizar la consulta ilegal del 2014.
Al igual que Mas, el resto de personas implicadas en este procedimiento contable abonarán las cantidades señaladas de forma solidaria con respecto a cada uno de los bloques en los que se les considera responsables.
En este sentido, la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega tendrá que pagar hasta un máximo de tres millones de euros; al exconsejero de Presidencia Francesc Homs se le ha impuesto una fianza de hasta 2,1 millones de euros; y a la exconsejera de Educación Irene Rigau 8.000 euros.
Esta cantidad, que deberá garantizarse en un plazo de 15 días o se procederá a embargar los bienes de los responsables del reférendum ilegal de 2014, es una fianza provisional que garantizará el reintegro a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean condenados.
“Campaña del miedo”
El expresidente de la Generalitat Artur Mas calificó la decisión del Tribunal de Cuentas como “una auténtica aberración” que, según dijo en un comunicado, solo tiene el propósito de “intimidar” en el marco de la “campaña de miedo que comanda el Estado”.
En un comunicado, Mas, Ortega, Rigau y Homs señalan que se trata de una “auténtica aberración que no tiene ningún tipo de fundamento jurídico y que solo persigue el propósito de intimidar, en el marco de la campaña del miedo que comanda el Estado español”. “Denunciamos que se trata de una operación de abuso del Estado y de desviación de poder”, añaden los exdirigentes, que confían en que no se quedarán solos: “Los más de dos millones de personas que fueron a votar el 9N nos seguirán apoyando y juntos sabremos hacer frente a las malas artes y a una de las peores caras del Estado español”, señalan.Mas, Ortega, Rigau y Homs critican que se les atribuya irregularidad contable cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo desestimaron la malversación de fondos en los respectivos juicios penales.
