Maragall y Batet chocan a causa de la Fiscalía mientras Torra pide la dimisión Lesmes

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, protagonizó una polémica con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, quien le dijo, según aseguró en declaraciones a Onda Cero, que el Gobierno podía “formular la política criminal” del Estado y dar “instrucciones” a la Fiscalía en la causa del proceso soberanista.
“El Gobierno del Estado me lo dijo directamente, nos lo dijo en la Comisión Bilateral cuando planteamos esta cuestión”, afirmó el conseller, en alusión a “formular la política criminal del Estado y trasladarla a los Fiscales para que la apliquen a la Fiscalía en su conjunto”.
El conseller matizó después  que Batet también, “defendió la imposibilidad de dar instrucciones a una fiscalía concreta para un caso concreto” en la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

Desmentido rotundo
Inmediatamente, respondió Batet, que desmintió “rotundamente” haber dado instrucciones a la Fiscalía para que rebajara las acusaciones contra los líderes independentistas.
La ministra aseguró que las declaraciones de Maragall son “absolutamente falsas” y le exigió que “lo aclare y rectifique sus propias palabras”.
La mininistra afirmó que “tanto en público como en privado, todos y cada uno de los miembros de este Gobierno hemos dicho exactamente lo mismo: máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas, porque es una autonomía garantizada constitucionalmente”.
De hecho, el presidente de la Generalitat, Quim Torra subrayó que nunca pidió a Sánchez que dé instrucciones a la Fiscalía para modificar la calificación del delito de rebelión en torno al 1-O.
El presidente del PPC, Xavier García Albiol, anunció que su partido ha solicitado la comparecencia en el Parlament de Maragall para que dé explicaciones sobre el “pacto oculto” con el Gobierno de Sánchez respecto a la causa del proceso soberanista. 

Nazismo
Mientras tanto, Quim Torra, exigía la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por los correos de jueces críticos con el procés. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Torra salió al paso de las informaciones publicadas por los medios digitales “eldiario.es” y “El Món”, según las cuales miembros de la magistratura, en correos corporativos en torno al 1-O, comparaban la situación en Cataluña con el nazismo y se mostraban críticos hacia los responsables del Govern.
Torra reclamó que se abra “una investigación para determinar los autores de los mensajes e identificar en qué procedimientos judiciales han participado” e instó a la Fiscalía General del Estado a “iniciar una investigación para depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes”.
Según Torra, “las conversaciones entre algunos jueces publicadas en un foro del CGPJ atentan contra los principios más básicos” que deben inspirar a la justicia y constituyen “unos hechos de una gravedad extraordinaria, que demuestran la ausencia de independencia de un amplio sector del poder judicial español”.
Además de exigir la “dimisión inmediata” de Lesmes y la puesta en libertad de “todas las personas que están injustamente encarceladas y el retorno de los exiliados, así como la anulación de todas las instrucciones de juzgados y tribunales en relación con el proceso” independentista, Torra encargó un “informe jurídico”.

Contra el Estado de Derecho
“Hoy mismo (por ayer) hablaré con el presidente Pedro Sánchez para pedirle una actuación inmediata y contundente, y que se asuman todas las responsabilidades que haya que asumir por este asunto”, que, denunció, “cuestiona los cimientos de cualquier Estado democrático y de derecho”.
Al hilo de ello, la vicepresidenta del PDeCat, Miriam Nogueras, anunció que va a contactar con “todos” los partidos españoles para proponerles celebrar una “cumbre” sobre Cataluña, a raíz de la publicación de los correos de jueces críticos con el proceso soberanista.
En cambio, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, consideró que los correos son “conversaciones entre demócratas preocupados por el incumplimiento” de la Constitución y las leyes y las enmarcó dentro del ejercicio de la libertad de expresión. l