sábado 24/10/20

Llarena da dos días al Gobierno de Puigdemont para pagar la fianza

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña, ha dado dos días de plazo al expresidente de la Generalitat Carles

Puigdemont y Torra, durante su última reunión en Alemania | aec
Puigdemont y Torra, durante su última reunión en Alemania | aec

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso independentista en Cataluña, ha dado dos días de plazo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros, todos ellos procesados en esta causa por el delito de malversación de caudales públicos, para que abonen la fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El magistrado instructor requiere a los procesados que aporten la cantidad de 2.135.948,6 euros fijada ya en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo y que el juez considera que se usó para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esta decisión la acordó una vez que la Sala de Apelaciones confirmase dicha resolución este martes.
Este montante deberá ser pagado de forma solidaria en plazo de dos días desde que la providencia se notificase a las partes entre Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás y Dolors Bassa (que también están procesados por rebelión y todos se encuentran en prisión provisional).
A la lista se suman los exconsellers huidos Clara Ponsatí, Toni Comín (ambos también acusados de rebelión) y Lluís Puig (procesado por desobediencia); y por Carles Mundo, Santiago Vila y Meritxell Serret, que también tienen el delito de desobediencia.
Sin fiadores
El juez también advierte de que si en este plazo concedido los procesados no han pagado “se procederá al embargo de bienes” en la cantidad que sea “suficiente” para cubrir lo reclamado. Además señala que la fianza no podrá ser pagada por ningún fiador.
En el auto de procesamiento, Llarena explicó que la cuantía se ha fijado sumando a los 1,6 millones de euros, que el magistrado dice que se emplearon para sufragar el referéndum del 1-O, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas.

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