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viernes | 19 abril | 2024
La defensa del expresidente de la ANC y el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sánchez, y de los exconsellers y diputados de JxCat Jordi Turull y Josep Rull hpidieron que declaren como testigos el rey; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo por el proceso soberanista.
Así lo recogen en sus escritos de defensa ante el Tribunal Supremo, en el que Turull y Rull se enfrentan a una acusación por parte de la Fiscalía por presunta rebelión y malversación, y Jordi Sánchez por presunta rebelión, y los tres están en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners.
Los tres, que están en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners, coinciden en que si el rey no considerara oportuna su declaración, dado que no está obligado, solicitan que lo hiciera el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín.
Por videoconferencia
Sobre Rajoy, creen que su declaración puede ser útil para el esclarecimiento de los hechos, y piden que Puigdemont pueda hacerlo por videoconferencia porque reside en Waterloo.
También justifican la petición de que declare Colau “al ser pública y notoria su participación en las actuaciones del día 1 de octubre de 2017 así como el 20 de septiembre” del mismo año.
Turull y Rull piden, además, que declare el lehendakari Íñigo Urkullu dada la “intermediación entre ambos gobiernos” que llevó a cabo, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas.
En el escrito de Sánchez solicita que Lluís Llach declare en el juicio, alegando que estuvo presente en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre y su declaración “permitirá desvirtuar los argumentos contenidos en los atestados de la Guardia Civil”.
También pide que comparezca el exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, auxiliado por su defensa dado que está acusado por los mismos hechos ante la Audiencia Nacional, y la intendente del cuerpo Teresa Laplana.
En total, Jordi Sánchez pidió 91 testigos, mientras que Jordi Turull 87 y Josep Rull 84.
Mientras, el abogado de Sánchez, Turull y Rull, Jordi Pina, afirmó que sus clientes irán al Supremo a “luchar” y a demostrar que no cometieron ningún delito penal al “obedecer la voluntad popular” el 1-O y sentenció: “No se avergüenzan de nada de lo que han hecho”.
El letrado compareció para explicar los escritos de defensa que presentaron sus defendidos, que en los próximos meses afrontaran un juicio por rebelión, sedición y malversación por su implicación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.
“Hemos intentado reflejar y plasmar, como haremos ante el Supremo, que no nos arrepentimos de nada. Que tienen la ideología que tienen y que ninguna sentencia, por más dura e injusta que sea, va a cambiar su posicionamiento político”, aseveró.
Pina detalló que los tres escritos, diferentes en contenido y extensión, parten de la sentencia del Constitucional de 2010 sobre el Estatut y relatan cómo, desde ese momento, el proceso independentista evoluciona.
Pina confió en que la cronología “objetiva” que se narra, combinado con los testimonios y las pruebas que se aportan, sirvan para conseguir una absolución unánime para sus defendidos.
Por su parte, el exconseller de Interior Joaquim Forn alegará que no interfirió en los Mossos, a los que no dio ninguna consigna política ni operativa, ni alentó un “alzamiento violento” de los ciudadanos contra las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller Raul Romeva han solicitaron que el juicio se celebre en Barcelona y no en Madrid, para preservar sus derechos como acusados y reducir los costes. Ambos pedirán la absolución porque “antes que independentistas” son unos políticos “pacifistas” que creen que son víctimas de una “persecución” al movimiento independentista.
Por su parte, el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, “acusa al Estado de vulnerar los derechos fundamentales” de reunión, libertad de expresión, disidencia política, autodeterminación y a un juicio con garantías.
