Las leyes para suprimir el papel en la Administración pasan su primer trámite

Las leyes para suprimir el papel en la Administración pasan su primer trámite
La ministra de Fomento, Ana Pastor, conversa con el portavoz parlamentario de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Pere Macías (2d), junto al diputado convergente Carles Páramo (d), momentos antes del incio del pleno. E

Los dos proyectos de ley dirigidos a suprimir el papel en la relación de los ciudadanos con la Administración -el de procedimiento administrativo común y el de régimen jurídico del sector público- han pasado hoy su primer trámite parlamentario en el Congreso, con el respaldo único del PP.

Por 133 votos a favor, 174 en contra y cinco abstenciones, el pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad del PSOE, la Izquierda Plural y el grupo catalán (CDC y UDC), que ha apoyado el PNV, mientras que los diputados de UPyD han sido quienes se han abstenido.

Ambos proyectos se enmarcan en la reforma de las administraciones emprendida esta legislatura y buscan, según el Gobierno, una administración electrónica, interconectada y transparente, así como facilitar las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones del Estado.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, los ha presentado como "instrumentos valiosos para conseguir que la administración cumpla sus obligaciones de manera eficaz, haga más fácil la vida de los ciudadanos y elimine la mayor parte de las trabas y obstáculos que hoy existen".

El primero de los dos textos, el de régimen jurídico del sector público, regula las relaciones externas entre las distintas administraciones y sus administrados, mientras que la ley de procedimiento administrativo común se centra en la regulación sistemática de las relaciones internas entre administraciones.

Dentro de la apuesta por la relación electrónica, está previsto, por ejemplo, que la administración pueda avisar mediante un mensaje al teléfono móvil del ciudadano que lo haya solicitado de que tiene una notificación que pueden consultar a través de internet.

Como regla general, se establece la no solicitud de documentos originales, como la declaración de la Renta o el certificado de empadronamiento, si obran en poder de la administración.

Se eliminan también las fotocopias, ya que la administración no las pedirá si se trata de documentos que ya están registrados, y corresponderá al organismo en cuestión, y no al ciudadano, aportarlo.

Para los trámites en los que estén implicadas distintas administraciones, se establece la puesta en marcha de una "plataforma de intermediación de datos", para que, si en un procedimiento con una administración se requieren papeles que obren en poder de otra, se puedan conseguir a través de ella.

Además, se habilita un procedimiento administrativo exprés para casos de menor complejidad y se generalizan, en todos los procedimientos administrativos, la reducción del importe de las sanciones por pronto pago o reconocimiento de la responsabilidad.

Las nuevas normas introducen también novedades para las empresas, que se relacionarán "obligatoriamente" de forma electrónica con todas las administraciones, como ya hacen con Hacienda y la Seguridad Social.

El diputado del PSOE José Enrique Serrano ha basado su petición de devolución al Gobierno en que la tramitación de estos proyectos en el "tramo final, casi agónico, de la legislatura, hace imposible un debate sereno sobre el por qué de sus innovaciones y esfuma la posibilidad de consenso".

Desde la Izquierda Plural, Ana María Castaño (IU) ha subrayado que su grupo "no cuestiona el avance de la administración electrónica", pero ha defendido que la "obligatoriedad no es la mejor solución para extender el uso de medios electrónicos".

"Nos oponemos a la transformación de los derechos en obligaciones", ha aseverado, tras denunciar que no hay "mecanismos de apoyo a colectivos que puedan tener dificultades".

Por el grupo catalán, Carme Sayós (CDC) ha rechazado que el Estado "pueda regular cuestiones de este tipo con tanto detalle que impide a las comunidades autónomas desarrollar políticas propias en el ejercicio de sus competencias".

Rafael Calduch (UPyD) ha dicho que su grupo "apoya cualquier oportunidad para mejorar legislativamente las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos" y ha replicado al PSOE que es "poco serio" que se oponga a la tramitación por tener lugar al final del a legislatura.

"Por esa regla de tres, nos podíamos ir todos ya de vacaciones", ha espetado a los socialistas, a los que ha recordado el "cambio de la Constitución de forma tan abrupta" que llevaron a cabo en el mandato pasado.

En nombre del PNV, Emilio Olabarría ha acusado a Montoro de pretender una "especie de policía fiscal para controlar a las administraciones públicas que no cumplan con requerimientos de estabilidad o endeudamiento" y también de "policía de orden público, con posibilidad de disolver a las incumplidoras".

José Alberto Martín-Toledano, del PP, ha replicado a los enmendantes que lo que deberían hacer es "felicitar al Gobierno por los 20.200 millones de ahorro" que ha conseguido con sus medidas de racionalización y ha rechazado que estas normas invadan competencias.

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