11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se aprobará definitivamente el 28 de noviembre, no entrará en vigor en lo que respecta a las obligaciones de transparencia de comunidades y ayuntamientos hasta dentro de dos años, mientras que para el Estado el plazo será de un año.
Fuentes del Gobierno han explicado que ambos son plazos máximos y que, sobre todo, afectan a las comunidades autónomas que quieran aprobar sus propias leyes de transparencia una vez que la estatal haya visto la luz.
Sí entrará en vigor desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la parte de la ley referida al buen gobierno.
La ampliación de uno a dos años para que las administraciones autonómicas y locales apliquen las obligaciones de transparencia es una las modificaciones que se han introducido en el texto durante la tramitación que ha seguido los últimos dos meses en el Senado, donde anoche se aprobó y se remitió al Congreso para su aprobación definitiva.
También en la Cámara Alta se ha elevado de 3.000 a 5.000 el mínimo de subvenciones o ayudas públicas de las entidades privadas sujetas a esta ley, según el Ejecutivo por motivos de técnica normativa.
Además, el PP ha aprovechado la ley de transparencia para modificar la de blanqueo de capitales y cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI) para detectar a las "personas políticamente expuestas" (PEP) en el posible delito de blanqueo de dinero.
