11º-16º
martes | 16 abril | 2024
La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce novedades para la luchar contra la corrupción, agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales y ampliar el decomiso de bienes de delincuentes.
En concreto ha dado luz verde a dos proyectos de ley que ahora quedan pendientes de su aprobación definitiva por los plenos del Senado y del Congreso.
Las iniciativas han contado con dieciséis votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones después de que la Comisión haya rechazado los vetos a ambos proyectos presentados por PSOE, IU, ERC y Entesa del Progress de Catalunya.
El PP ha introducido una enmienda por la que aunque tal como prevé el proyecto se adoptan medidas para evitar el gravamen que supone la denominada "pena del telediario" de los investigados detenidos velando por sus derechos al honor, intimidad e imagen, se añade en este trámite que debe hacerse con respeto al derecho fundamental a la libertad de información.
Entre las novedades que introduce la nueva norma se encuentra que la instrucción tendrá un plazo máximo de seis meses, o de dieciocho cuando la investigación sea compleja.
Además, que el término imputado se sustituye por investigado en la fase de instrucción y por encausado tras el auto formal de acusación.
El senador del PP Juan Ramón Represa ha destacado que se trata de un cambio del sistema procesal penal necesario y que aunque sería deseable que contara con un amplio consenso es urgente, aunque ha mostrado su voluntad de llegar a acuerdos con los demás grupos de cara al Pleno.
Ha añadido que se introducen medidas contra la corrupción al facilitar a jueces y fiscales herramientas eficaces.
A su juicio es necesaria la limitación temporal de la instrucción ya que algunos procesos se eternizan de forma inaceptable para víctimas e investigados y ha explicado que los plazos fijados son realistas y se han establecido a partir de la media del tiempo que duración de los casos en España.
Para ello ha entendido que cada delito debe tener como norma general una causa y un juicio.
En el marco de la "tolerancia cero con la corrupción" ha enmarcado las medidas encaminadas a destinar bienes decomisados a delincuentes para las víctimas y otros fines en beneficio de la sociedad.
Ha aclarado que el cambio de denominación de imputado por investigado y en su caso encausado no es un maquillaje sino que es ajustarlo a la realidad del momento procesal y para evitar el sentido peyorativo del primer término y para no estigmatizar al afectado.
El senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera ha considerado injusto hacer ver que la responsabilidad de los procesos interminables es solo de los jueces.
A su juicio la prórroga de dichos plazos no solo debe ser posible a iniciativa del fiscal sino que debería poder acordarlo de oficio el juez para evitar situaciones de impunidad y en todo caso no ve factible esta medida sin una ampliación de la planta judicial ya que muchos juzgados ya están desbordados.
El representante socialista ha propuesto que en todas las dependencias de la Guardia Civil y de las policías Nacional y locales haya cámaras que graben la situación de los detenidos y las ruedas de reconocimiento para más garantías de todos.
La senadora de CiU María Rieradevall ha estimado que la ley será inviable sin más medios personales y materiales y ha pedido más competencias para los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
Por el PNV, Jokin Bildarratza ha lamentado la "dinámica negativa de parlamentarismo que impone el PP" ya que con estas leyes se están modificando elementos importantes del Estado que requerirían acuerdos más amplios.
El senador de Entesa Joan Saura ha comentado que la actual legislatura es la que ha provocado más oposición de los operadores de justicia con el Ministerio y ha habido una reducción de los derechos y libertades como por ejemplo la introducción de la prisión permanente revisable en la reforma del Código Penal.
