La Transparencia no afectará a la Casa del Rey, pero sí a los adjudicatarios públicos

La Transparencia no afectará a la Casa del Rey, pero sí a los adjudicatarios públicos
el rey utilizó un sillón ergonómico durante su reunión con benkirane efe

  El Gobierno anunció que los adjudicatarios de los contratos públicos, así como los colegios profesionales, estarán sometidos a la Ley de Transparencia. La decisión se tomó tras analizar las aportaciones hechas por ciudadanos, administraciones y otras organizaciones al texto del anteproyecto. Pese a que se recibieron sugerencias sobre la inclusión de la Casa Real, esta al final se mantendrá fuera de la norma.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la inclusión de estos sujetos para someterse a la futura norma, respecto a la Casa del Rey el Ejecutivo insiste en que no es una administración pública.

Para defender esta decisión Sáenz de Santamaría puso como ejemplo la monarquía británica, que no esta sometida a la ley de transparencia de ese país, que es un referente internacional dentro de este tipo de normas.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de sancionar a los altos cargos que incumplan el código de buen gobierno, excepto en el caso de los ministros y los secretarios de Estado, cuya sanción decidirá el Consejo de Ministros.

Dicho código, aseguró, será “mucho más acotado”, mientras que el procedimiento sancionador para los altos cargos que lo incumplan será más “profundo”.

Las infracciones sancionables por la futura ley serán en materia de conflicto de intereses, de gestión económica-presupuestaria y en el ámbito disciplinario, y se incorporan las relativas al incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Mientras, las sanciones irán desde la destitución de los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias a la restitución las cantidades percibidas o indemnizar a Hacienda.

También se prevé la inhabilitación por un periodo de entre cinco a diez años, aunque en este caso Sáenz de Santamaría recordó que serán los tribunales quienes deban refrendarlo.

La vicepresidenta explicó por otra parte que el Gobierno ha decidido mantener el silencio negativo, a pesar de que ha habido numerosas solicitudes contrarias, porque cree que es necesario en materias “sensibles” como la seguridad nacional, o para proteger intereses “públicos o de terceros que hay que preservar”.

El Ejecutivo espera aprobar la Ley de Transparencia en el próximo periodo de sesiones según la vicepresidenta, que recordó que el anteproyecto se envía ahora a la Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Estado.

La norma entrará en vigor al día siguiente de cuando se publique en el BOE en lo relativo al buen gobierno, pero para cumplir con la transparencia se dará un año de plazo a las administraciones y organismos sometidos para que se adapten.

La Transparencia no afectará a la Casa del Rey, pero sí a los adjudicatarios públicos

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