La infanta alega que pedir sus declaraciones de IRPF vulnera su derecho a la intimidad

La infanta alega que pedir sus declaraciones de IRPF vulnera su derecho a la intimidad
la infanta cristina llega a su trabajo tras ser imputada efe

La defensa de la infanta Cristina rechazó la petición del juez del caso “Nóos” a la Agencia Tributaria de sus diez últimas declaraciones de la renta por considerar que no hay indicios de criminalidad contra ella que justifiquen “tal injerencia en su intimidad”.

Los abogados de la duquesa de Palma presentaron un recurso de reforma contra el oficio dirigido por el juez, José Castro, a la Agencia Tributaria, solicitando las diez últimas declaraciones del IRPF de la infanta, y pidiendo además que esa diligencia quede sin efecto hasta que se resuelva su recurso.

Los letrados impugnan la petición porque consideran que es una “diligencia prospectiva”, al no haber indicios previos e inequívocos de criminalidad y añaden que además es “superflua y de nula utilidad”.

Los abogados consideran que en el auto en el que la infanta fue citada a declarar como imputada, el juez explicaba su intención de interrogarla sobre su intervención en el Instituto Nóos y la empresa Aizoon y el manejo y destino de los fondos obtenidos a través de ambas, pero nada decía de “cuestiones tributarias”.

Recuerdan que la Abogacía del Estado, personada en esta causa en nombre de la Agencia Tributaria por tres presuntos delitos fiscales (dos del IRPF de Iñaki Urdangarin y uno del impuesto de sociedades de Aizoon), recurrió la imputación de la infanta por considerar que contra doña Cristina “no existe un solo indicio incriminatorio”.

Consideran que es incongruente pedir las declaraciones de la renta cuando la representación de la propia Agencia Tributaria dijo que no hay indicios de delito por parte de la infanta.

“No se expone ni una sola razón por la que la diligencia acordada sería oportuna, esto es, necesaria y pertinente”, alegan los letrados de la infanta, que consideran “inútil” y “perjudicial” esta decisión judicial.

Los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva alegan que si el juez instructor se está acogiendo a las razones de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias, que fue el que reclamó las declaraciones, esa actuación resulta “poco pulcra”.

La infanta alega que pedir sus declaraciones de IRPF vulnera su derecho a la intimidad

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